POR QUÉ NO PARTICIPAREMOS EN EL PROCESO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL G-20 EN 2020
La cumbre anual del G-20 parece a menudo una tertulia de los gobiernos más poderosos del mundo. Los líderes de 19 de las mayores economías nacionales, más la Unión Europea, se reúnen, se dan la mano delante de las cámaras y alcanzan imprecisos acuerdos, muchos de los cuales no implementan. Las cumbres llaman la atención de los medios de comunicación internacionales y, con frecuencia, de manifestantes de todo el mundo que quieren que esos gobiernos rindan cuentas.
Menos conocido es el largo ciclo de reuniones preparatorias de la cumbre de los líderes del G-20. A pesar de las muchas limitaciones y dificultades del proceso, para muchas voces ajenas a los gobiernos –en especial los sindicatos, los grupos de defensa de derechos y la sociedad civil–, esas reuniones son oportunidades excepcionales de formular recomendaciones sobre políticas directamente a las autoridades e influir en la agenda mundial sobre asuntos que afectan a miles de millones de personas. En los últimos años incluso ha habido dentro del G-20 una serie especial de reuniones para la sociedad civil, conocidas como Civil 20 (C-20).
Sin embargo, en 2020, las organizaciones de la sociedad civil guardaremos las distancias respecto al proceso oficial del C-20, que estará auspiciado por Arabia Saudí y tendrá lugar allí.
El anfitrión saudí del G-20 ha intentado dar una imagen de país moderno y atractivo para los inversores extranjeros. El gobierno ha contratado los servicios de gran número de asesores occidentales sobre relaciones públicas y ha gastado millones de dólares en limpiar su imagen y eliminar las críticas en los medios de comunicación internacionales. Al mismo tiempo, internamente Arabia Saudí detiene y procesa de manera habitual a defensores y defensoras de los derechos humanos, censura la libertad de expresión, limita la libertad de circulación y tortura y somete a malos tratos a periodistas y activistas detenidos. Utiliza una imprecisa legislación antiterrorista para silenciar a quienes critican al gobierno, llegando incluso a imponer la pena de muerte. En octubre de 2018, el brutal asesinato del periodista y disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul conmocionó al mundo. Las mujeres sufren discriminación sistemática en la legislación y en la práctica. Además, las defensoras de los derechos humanos que se atreven a defender los derechos de las mujeres son sometidas a persecución judicial y detención arbitraria.
En vez de una reforma real, lo que intenta hacer el gobierno saudí es blanquear su terrible historial en materia de derechos humanos con la celebración de grandes eventos internacionales en el país. Entre ellos figuran el G-20 y, por medio de una ONG autorizada por el gobierno, el C-20. Como organizaciones de la sociedad civil presentes en la mayoría de los países del mundo (pero en absoluto en Arabia Saudí), no podemos participar en un proceso con el que se intenta dar legitimidad internacional a un Estado donde la sociedad civil no tiene prácticamente cabida ni se toleran sus voces independientes.
En junio de 2019, el C-20 estableció un conjunto de principios, entre ellos una estructura básica y mecanismos operativos, para garantizar sus sostenibilidad y eficacia. Los principios del C-20 hacen hincapié en: la inclusión de actores diversos de la sociedad civil, abarcando desde el ámbito local hasta el mundial; la transparencia en la toma de decisiones; la libertad y la independencia frente a la influencia indebida de todo actor ajeno a la sociedad civil; la inclusividad y la diversidad, y los derechos humanos, la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres como valores rectores. Las mayoría de estos principios no estarán presentes en 2020, y, lo que es aún más preocupante, estamos viendo ya que la presidencia saudí del G-20 los menoscaba.
Aparte de un número simbólico de organizaciones que tratan temas considerados inofensivos por el gobierno saudí, prácticamente ningún actor de la sociedad civil del país podrá participar en el próximo C-20 de Arabia Saudí, pues las autoridades saudíes no permiten la existencia de partidos políticos, sindicatos ni grupos de derechos humanos independientes. La mayoría de los activistas de la sociedad civil progresistas están siendo juzgados o cumplen largas penas de prisión por haber expresado sus opiniones, o se han visto obligados a exiliarse para evitar la cárcel o algo aún peor. No tienen posibilidad de regresar al país, pues correrían peligro si lo hicieran. Sin estas voces críticas e independientes en el foro, la credibilidad el C-20 se ve gravemente comprometida.
Los actores extranjeros e internacionales de la sociedad civil tendrían también grandes dificultades para participar libremente en un C-20 organizado por Arabia Saudí.
Las leyes y políticas vigentes en el país no sólo afectan directamente a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, sino que tienen también un efecto disuasorio, capaz de silenciar a determinadas categorías de activistas que, si expresaran abiertamente sus opiniones, pondrían en peligro su propia seguridad. Además, en noviembre de 2019, la agencia saudí de seguridad de Estado clasificó el feminismo y la homosexualidad como delitos. Aunque luego se rectificó el anuncio, todavía siguen encarcelados y procesados por su trabajo destacados defensores y defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género de Arabia Saudí. Esas leyes y prácticas contradicen los principios del C-20 sobre diversidad, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y reprimirían la libertad de expresión en los debates sobre los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBTI.
A esta situación se suma la grave falta de libertad de prensa en Arabia Saudí. Dadas las estrictas medidas de control de los medios de comunicación, censura y vigilancia de las redes sociales, ningún debate mantenido en un C-20 dirigido por Arabia Saudí se haría jamás extensivo a la población del país en general sin las restricciones del discurso aprobado por el Estado. Incluso si tales debates fueran posibles, sin medios de comunicación libres todo debate significativo del C-20 llegaría sólo a un público limitado. Esta limitación es incompatible con los principios rectores del C-20 de inclusividad, apertura, transparencia y participación.
En anteriores cumbres del G-20 ha habido protestas de activistas del país anfitrión y de otras partes. La libertad de reunión pacífica es un derecho, pero en un país donde toda concentración de personas, incluidas las manifestaciones pacíficas, está prohibida, es imposible que este derecho fundamental se respete.
El proceso del C-20 dirigido por Arabia Saudí es deficiente en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que respecta a garantizar los principios fundamentales del C-20. Incluso en esta temprana etapa del proceso del C-20 de 2020 hemos observado ya una acusada falta de transparencia por parte de los organizadores. El nombramiento de los presidentes de los grupos de trabajo y los diversos comités ha sido opaco y no consultivo, y se han tomado decisiones arbitrarias que han excluido a grupos internacionales con experiencia. El proceso del C-20 dirigido por la Fundación Rey Jalid, que está vinculada a la familia real saudí, no puede ser considerado transparente, inclusivo ni participativo, como exigen los principios del C-20.
En un momento en que el mundo se enfrenta a una amplia variedad de desafíos, las voces independientes son más necesarias que nunca. Cuando un Estado limita el espacio civil hasta hacerlo prácticamente inexistente, no se puede confiar en que garantice las condiciones básicas necesarias para que la sociedad civil internacional intercambie ideas y colabore libremente en cualquier tema, y mucho menos en los temas que considere delicados u ofensivos.
Aunque este año no participaremos en el C-20, nos comprometemos a hacer esfuerzos conjuntos para garantizar que en 2020 se escucha a esas voces.
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