Organización de Estados Americanos: Para combatir la desigualdad y la discriminación hay que tomar acciones firmes contra la corrupción
Los capítulos de Transparencia Internacional piden a los países que cumplan con sus compromisos anticorrupción para promover la igualdad y terminar con la discriminación.
Para que la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos cumpla con su lema "Juntos contra la desigualdad y la discriminación", la lucha contra la corrupción debe estar en la agenda. Transparencia Internacional insta a los gobiernos a que aprovechen este momento para tomar acciones concretas contra la corrupción para crear sociedades más igualitarias, democráticas y sostenibles.
La corrupción y la discriminación forman un círculo vicioso que exacerba la desigualdad, perjudicando a los más marginados.
A pesar de los esfuerzos por transformar nuestras economías y sociedades, América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, en parte porque la corrupción impulsa esta desigualdad rampante. En toda la región, hay élites que concentran la riqueza y capturan la toma de decisiones políticas a expensas del bien público. La corrupción socava el desarrollo económico y dirige los recursos a los que tienen poder económico y financiero y conexiones políticas, en lugar de a los más necesitados. Esto priva a la mayoría de la población del acceso a la alimentación, el agua, la educación y la atención sanitaria de calidad. La pandemia del Covid-19 fomentó la corrupción y los abusos y exacerbó las desigualdades sociales y económicas con efectos devastadores para América Latina y el Caribe. Los lideres de la región tienen que tomar acciones decisivas y contundentes para evitar que el impacto de estos retrocesos azote a la región en los años venideros.
Los grupos marginados -mujeres, niñas, grupos indígenas, comunidades LGBTQ, ancianos, migrantes y afrodescendientes- sienten el impacto de la corrupción de manera más aguda, como se señala en el informe de Transparencia Internacional "Defying Exclusion". La corrupción priva a estas comunidades del acceso a los recursos públicos, la justicia y las libertades fundamentales, restringiendo sus derechos políticos, económicos y sociales y exacerbando la discriminación que padecen de múltiples maneras.
La discriminación de estos grupos crea oportunidades adicionales para que los funcionarios corruptos abusen de su poder ya que ciertos tipos de corrupción se basan directamente en la discriminación. La sextorsión, una forma de corrupción en la que quienes tienen poder abusan de él para obtener gratificación sexual, es una de las intersecciones entre corrupción y discriminación que es común en la región. Las mujeres, las niñas, las comunidades LGTBQ y los migrantes en América Latina la sufren con mayor frecuencia. Una investigación reciente muestra que una de cada cinco personas en América Latina o el Caribe experimenta sextorsión al acceder a un servicio gubernamental como la atención sanitaria o la educación, o conoce a alguien que pasó por esta situación. La corrupción también facilita la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, cuando los funcionarios participan o permiten las actividades de las bandas criminales dedicadas a este delito.
Quienes se enfrentan a sistemas de discriminación que se entrecruzan enfrentan daños aún más graves. Las mujeres migrantes, por ejemplo, quienes de por si transitan a un viaje angustioso, suelen ser víctimas de sextorsión. Es habitual que los funcionarios les exijan actos sexuales a cambio de pasaportes o para pasar los controles fronterizos.
La corrupción establece sistemas de impunidad que permiten a los funcionarios abusar de las comunidades marginadas. En América Latina y el Caribe, las comunidades indígenas y LGBTQ padecen abusos frecuentemente. En reiteradas oportunidades los pueblos indígenas han visto sus tierras históricas asoladas por la contaminación ilícita, la tala ilegal y los acuerdos de explotación minera. Sin embargo, la discriminación contra estas personas sigue impidiéndoles el acceso a la justicia y la adjudicación de recursos por parte de gobiernos que ignoran sus derechos. Las comunidades LGBTQ sufren con frecuencia la persecución de las instituciones responsables por el cumplimiento de la ley, con casos documentados de detenciones y abusos sexuales por parte de la policía. Esta práctica se ve a menudo facilitada por marcos legales discriminatorios basados en leyes de "buena moral" y que incluso permiten la violación "correctiva".
Para muchos grupos marginados, denunciar corrupción no es una opción. Muy frecuentemente, sus reclamos y preocupaciones son ignorados por las autoridades, que se niegan a tomarlas en serio, mientras que denunciar puede exponer a estas personas a un mayor daño por parte de los funcionarios que albergan actitudes discriminatorias.
En este momento crítico, en el que los esfuerzos contra la corrupción flaquean en América Latina y el Caribe -o son desmantelados por algunos gobiernos -, existe una necesidad urgente de abordar los abusos de poder que generan desigualdad y permiten las violaciones de los derechos humanos. Debemos abordar esta cuestión ahora para mejorar las condiciones de toda la población, pero especialmente para las mujeres, las niñas, los grupos indígenas, las comunidades LGBTQ, los ancianos, los migrantes y los afrodescendientes.
Los Jefes de Estado y gobierno se han comprometido en repetidas ocasiones a luchar contra la corrupción, tal y como se recoge en el Compromiso de Lima, y se reafirmó en la IX Cumbre de las Américas de este año. No podemos aceptar sólo promesas: es hora de actuar inmediatamente para poner fin a la desigualdad y la discriminación rampantes en la región.
Específicamente, para promover la igualdad de derechos de los grupos en riesgo de discriminación, al implementar los compromisos anticorrupción, los líderes de toda la región deberían:
- Promover la participación plural, representativa y abierta de estas comunidades en el diseño de las políticas anticorrupción y de transparencia.
- Garantizar la protección y el acceso al sistema de justicia por parte de todos los grupos en riesgo de discriminación.
- Crear mecanismos de denuncia sólidos, seguros y con perspectiva de género para que estos grupos puedan denunciar los abusos.
- Producir, recopilar y gestionar datos desagregados y fiables sobre el impacto de la corrupción en los grupos marginados para comprender mejor las situaciones a las que se enfrentan.
- Crear marcos normativos centrados en la lucha contra las causas estructurales de la discriminación y el impacto diferenciado de la corrupción en los grupos discriminados.
- Desarrollar e implementar legislación para enfrentar y poner fin a la sextorsión y garantizar que los sistemas de justicia cuenten con las herramientas adecuadas para abordar este tipo de casos.
- Concienciar a toda la sociedad -especialmente a los funcionarios públicos- para que reconozcan y cambien sus propios comportamientos discriminatorios a través de la educación y la sensibilización.
Firmantes
Poder Ciudadano Argentina
Transparência Internacional Brasil
Transparency International Canada
Chile Transparente
Transparencia por Colombia
Costa Rica Íntegra
Participación Ciudadana Republica Dominicana
Fundación Ciudadanía y Desarrollo Ecuador
Funde El Salvador
Acción Ciudadana Guatemala
Transparency Institute of Guyana
Asociación para una Sociedad Más Justa Honduras
National Integrity Action
Transparencia Mexicana
Proética Peru
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Panama
Trinidad and Tobago Transparency Institute
Transparency International US
Transparencia Venezuela
