Una de cada cinco personas en América Latina y el Caribe sufre situaciones de extorsión sexual o conoce a alguien que las ha sufrido, según indica encuesta
Informe pone de manifiesto perspectivas y experiencias ciudadanas de soborno y corrupción
Un nuevo informe de Transparency International revela que más de la mitad del total de la ciudadanía de 18 países de América Latina y el Caribe considera que la corrupción se está agudizando en su país y que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para enfrentar este problema. El común de las personas considera que la corrupción es una importante causa de preocupación; el 85 % de los encuestados cree que la corrupción gubernamental representa “un gran problema”.
El informe, titulado Barómetro Global de la Corrupción (BGC): América Latina y el Caribe, muestra, por primera vez, que una de cada cinco personas sufre extorsión sexual al intentar acceder a un servicio público como atención médica o educación, o bien conoce a alguien que ha pasado por esta situación.
Los datos también indican que el 71 % de las personas consideran que la extorsión sexual se produce, cuanto menos, en forma ocasional.
Igual de preocupante es que, en los últimos cinco años, a una de cada cuatro personas se le ofreció un soborno a cambio de votos en elecciones nacionales, regionales o locales. En una manifestación contundente de falta de confianza en las autoridades, el 65 % considera que su gobierno está administrado por unos pocos intereses privados, y que funciona a merced de estos.
Estas alarmantes estadísticas subrayan el efecto desproporcionado que la corrupción tiene sobre las mujeres, y sugieren una significativa falta de integridad política entre los líderes gubernamentales. Los cargos de Presidente y Primer Ministro, así como también los miembros del Parlamento, son considerados como el grupo o la institución con mayor grado de corrupción por el 53 % y el 52 % de las personas respectivamente.
“Muy a menudo, los presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar”, señaló Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International. “En una región donde las iniciativas contra la corrupción están cobrando impulso pese a los retrocesos recientes, la ciudadanía continúa exigiendo más y mejores resultados a sus gobiernos”.
La experiencia concreta de las personas con los sobornos es también preocupante. Más de una de cada cinco personas que acceden a servicios públicos se ven obligadas a pagar un soborno. Esto equivale aproximadamente a 56 millones de ciudadanos.
En toda la región, la policía es la institución asociada con la mayor tasa de sobornos (24 %), seguida muy de cerca por otros servicios como los servicios públicos, que incluyen los de electricidad y agua (19 %).
Pese a estas dificultades, la mayoría de las personas sigue albergando esperanzas. Así, el 77 % considera que los ciudadanos pueden marcar una diferencia determinante en la lucha contra la corrupción.
“La ciudadanía tienen derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra”, señaló Patricia Moreira, Directora General de Transparency International. “La corrupción consume a las sociedades y corroe las instituciones. Los líderes políticos deben escuchar los claros reclamos de la ciudadanía, que exige que se aborde la corrupción y se fortalezca la democracia”.
Transparency International recomienda a los líderes políticos que adopten las siguientes medidas:
- Reconocer y abordar formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres, incluso a través de la creación de mecanismos de denuncia que incorporen perspectiva de género.
- Fortalecer la integridad de los procesos electorales y aplicar sanciones en casos de compra de votos, asegurando financiamiento transparente para las campañas y apoyo para una cobertura periodística basada en hechos.
- Empoderar a las personas, la sociedad civil y los medios para que denuncien la corrupción, entre otras formas, a través de la adopción de leyes que protejan a quienes denuncian irregularidades.
- Implementar el Compromiso de Lima adoptado en el marco de la VIII Cumbre de las Américas y reportar públicamente los avances logrados.
Para obtener más información, incluida una lista completa de recomendaciones, visite: anticorru.pt/gcb2019lac
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