El Índice de Percepción de la Corrupción revela que la corrupción generalizada está debilitando la respuesta a la acción contra la COVID-19, amenazando la recuperación global
La corrupción y la COVID-19 empeoran el retroceso democrático
El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI por sus siglas en ingles), publicado hoy por Transparencia Internacional, revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia de COVID19.
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Los países con buenas puntuaciones en el índice invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho.
«La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando», ha declarado Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional. «Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países».
Resumen global
La edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en su sector público, basándose en trece evaluaciones y encuestas a expertos y empresarios. Utiliza una escala de cero (corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente).
Con 88 puntos cada una, Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan a la cabeza del índice. En el extremo opuesto se encuentran Siria, Somalia y Sudán del Sur, con 14, 12 y 12 puntos respectivamente.
Cambios significativos
Desde 2012, el primer año incluido en las comparativas según la metodología actual del índice, 26 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, entre ellos Ecuador (39), Grecia (50), Guyana (41), Birmania (28) y Corea del Sur (61).
Han disminuido sustancialmente las puntuaciones de 22 países, entre ellos Bosnia- Herzegovina (35), Guatemala (25), Líbano (25), Malaui (30), Malta (53) y Polonia (56).
Cerca de la mitad de los países llevan casi una década estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción se han paralizado. Más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50.
COVID-19
La corrupción constituye una gravísima amenaza a la vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con una emergencia sanitaria. Existe una correlación entre la ausencia de corrupción en el sector público de un país y un mayor gasto en sanidad. Por ejemplo, Uruguay, que ha obtenido la puntuación más alta de América Latina (71), realiza una fuerte inversión en sanidad y cuenta con un buen sistema de seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla y el zika.
Al otro extremo de la escala, Bangladés sólo obtiene 26 puntos y su inversión en sanidad es mínima, mientras que la corrupción prospera durante la pandemia, con casos que van desde los sobornos en las clínicas a la malversación de los fondos de ayuda. La corrupción también es generalizada en la contratación de material sanitario. Los países con los niveles más altos de corrupción también tienden a ser los más propensos a sufrir atropellos del estado de derecho y las instituciones democráticas durante la crisis de la COVID-19. Uno de ellos es Filipinas (34), donde la actuación del gobierno frente a la pandemia se ha caracterizado por los ataques a los derechos humanos y a la libertad de prensa.
Estados Unidos mantiene su tendencia descendente con 67 puntos, su peor puntuación desde 2012. Aparte de los presuntos conflictos de interés y abusos de autoridad existentes al más alto nivel, en 2020 han saltado las alarmas por la débil supervisión del billón de dólares destinado a la lucha contra la COVID-19, en un país con una larga historia de normas democráticas que promueven la rendición de cuentas por el gobierno.
Recomendaciones
El pasado año trajo consigo desafíos a la integridad incluso en los países con las máximas puntuaciones, lo que demuestra que ningún país está libre de corrupción. Para mitigar la corrupción y afrontar mejor las crisis del futuro, Transparencia Internacional recomienda a todos los gobiernos:
- Reforzar las instituciones supervisoras de modo que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan. Los organismos anticorrupción y las instituciones supervisoras necesitan contar con fondos, recursos e independencia suficientes para cumplir su cometido.
- Procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos.
- Defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos.
- Publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender.
Notas a los editores
Los estudios realizados por el programa Sanidad Global de Transparencia Internacional en el pasado descubrieron que la corrupción priva al sector sanitario global de 500.000 millones de dólares al año.
La corrupción en los servicios sanitarios documentada durante la pandemia de COVID-19 incluye demandas irregulares de pago a pacientes, malversaciones de fondos, robos, ausentismo, inflación de precios, favoritismo y manipulación de datos.
Sobre Transparencia Internacional
Transparencia Internacional es una organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción desde hace más de 25 años. Únase a nosotros a través de transparency.org.
Sobre el Índice de Percepción de la Corrupción
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha convertido en el principal indicador global de la corrupción en el sector público. En 2012, Transparencia Internacional revisó la metodología empleada para elaborar el índice con el fin de permitir la comparación de puntuaciones de un año a otro. Para más información, visite www.transparency.org/research/cpi
