¿QUÉ PIENSAN LAS PERSONAS?: CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Los casos de corrupción son habituales en las noticias en América Latina y el Caribe. Tan solo en los últimos años, varios casos de gran resonancia conmocionaron a la región. Desde el escándalo del Lava Jato en Brasil hasta la expulsión por el gobierno guatemalteco de la CICIG, el órgano anticorrupción respaldado por la ONU, nunca antes la corrupción ha despertado tanto interés público.

En toda la región han cobrado impulso las acciones contra la corrupción. En países como Honduras, a los movimientos populares que buscan impulsar cambios, se les han sumado varias condenas contra políticos y empresarios de alto perfil implicados en corrupción. Para muchos, esto ha traído esperanzas de que, tras décadas de inacción, las cosas finalmente estén cambiando en la región.

Mientras los escándalos de grandes proporciones ocupan los titulares y moldean las percepciones de la gente sobre la corrupción en las instituciones nacionales, existen otras formas de corrupción, igualmente nocivas, que afectan a las personas, las familias y las comunidades en su vida cotidiana y que menoscaban el desarrollo humano en toda la región.

Como se observa en nuestras investigaciones, en algunas instituciones como la policía y en servicios públicos básicos como la atención de la salud y la educación, el soborno sigue representando un inmenso obstáculo a la posibilidad de progreso y perjudica principalmente a los sectores de menos recursos y más vulnerables.

La 10.º edición del Barómetro Global de la Corrupción (BGC): América Latina y el Caribe, revela que si bien la mayor parte de las personas en América Latina y el Caribe consideran que la corrupción se incrementó en sus países, la mayoría también cree que, como ciudadanos, pueden marcar una diferencia determinante en la lucha contra la corrupción.

El BGC es la encuesta más amplia y detallada sobre las perspectivas de los ciudadanos acerca de la corrupción y sus experiencias directas de soborno en América Latina y el Caribe. La encuesta refleja la opinión de más de 17 000 ciudadanos de 18 países de la región. Esta edición del BGC también reunió datos sobre formas de corrupción con características específicas de género y sobre la corrupción vinculada con procesos electorales, como la compra de votos y las noticias falsas.

Como cuidadoras primarias de sus familias, las mujeres suelen depender de servicios públicos, lo cual también las torna más vulnerables a determinados tipos de soborno.

En los 18 países sondeados, los resultados fueron que una de cada cinco personas atraviesa situaciones de extorsión sexual, o sextorsión, al intentar acceder a un servicio gubernamental, como atención de la salud o educación, o conoce a alguna persona que ha tenido una experiencia de este tipo.

Otro dato alarmante que revela la encuesta es que los procesos electorales son campo fértil para la corrupción. En los últimos cinco años, a una de cada cuatro personas se le ofreció un soborno a cambio de votos en elecciones nacionales, regionales o locales.

Ante estas tendencias alarmantes, no resulta sorprendente que las personas tengan muy poca confianza en sus respectivos gobiernos. De hecho, el 65 % de los encuestados cree que su gobierno está administrado por unos pocos intereses privados, y que actúa a merced de estos.

Los resultados muestran que el 85 % de las personas creen que la corrupción en el gobierno representa un gran problema. Asimismo, más de la mitad considera que la corrupción está empeorando en su país y que su gobierno no está haciendo lo suficiente para terminar con este fenómeno.

Los cargos del presidente y Primer Ministro, como también los miembros del Parlamento, son considerados como el grupo o la institución con mayor grado de corrupción por el 53 % y el 52 % de las personas, respectivamente.

El informe concluyó también que más de una de cada cinco personas que accedieron a servicios públicos, como atención de la salud y educación, pagaron un soborno en el último año.

Esto equivale a cerca de 56 millones de ciudadanos en los 18 países encuestados.

En toda la región, la policía es la institución asociada con la mayor tasa de sobornos (24 %), seguida muy de cerca por otros servicios como los servicios públicos, que incluyen los de electricidad y agua (19 %).

Es mucho lo que los gobiernos todavía deben hacer para que las personas puedan denunciar de forma segura hechos de corrupción, sin temor a represalias.

Pese a que temen sufrir represalias, muchas personas están dispuestas a actuar contra la corrupción y contra los corruptos.

El entorno político cambiante y lo casos resonados de corrupción nos recuerdan que, ahora más que nunca, los líderes deben combatir la corrupción y fortalecer la democracia. Algunas medidas fundamentales que deben adoptarse:

• Integridad electoral. Asegurar la transparencia de los procesos electorales y aplicar sanciones cuando haya compra de votos.
• Financiamiento de la política. Adoptar reglamentaciones para que se divulguen los ingresos y los activos de los partidos políticos o la de los candidatos.
• Servicios públicos. Mejorar la eficiencia de los servicios públicos e invertir en plataformas en línea para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios.
• Tribunales. Garantizar que los nombramientos judiciales sean independientes y no respondan a criterios políticos.
• Denuncia. Empoderar a los denunciantes, a la sociedad civil y a los medios de comunicación para que puedan monitorear y denunciar hechos de corrupción.
• Sextorsión. Reconocer la extorsión sexual como una forma de corrupción y cerciorarse de que los sistemas de justicia cuenten con las herramientas adecuadas para abordar estos casos.
• Compromisos. Implementar e informar los avances conseguidos con respecto al Compromiso de Lima adoptado en el marco de la VIII Cumbre de las Américas.