La corrupción policial también se convierte en pandemia

Este blog forma parte de la serie La ciudadanía denuncia casos de corrupción vinculados con la COVID-19 (Citizens Report COVID-19 Corruption), que busca generar conciencia sobre el costo humano de la corrupción durante la pandemia de la COVID-19 y alentar a la ciudadanía a denunciar estos hechos.

Al inicio de la pandemia de la COVID-19, varios países establecieron toques de queda, instalaron puestos de control e impusieron cuarentenas obligatorias con el fin de desacelerar la propagación del virus.

Sin embargo, estas medidas de confinamiento preventivo también generaron nuevos riesgos para millones de personas en todo el mundo.

Desde enero, los Centros de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparency International han recibido más de 1,500 denuncias vinculadas con la COVID-19, incluyendo casos de abusos cometidos por policías y militares. Los ALAC ofrecen asesoramiento legal de manera gratuita y confidencial a testigos y víctimas de casos de corrupción en más de 60 países de todo el mundo.

En muchos países, policías y soldados exigen sobornos a las personas que cruzan los puestos de control, siguen circulando tras el inicio del toque de queda o desean abandonar los centros de cuarentena. Incluso exigen sobornos a trabajadores y trabajadoras esenciales, como el personal médico y de enfermería, que intentan llegar a sus casas o trabajos.

Asimismo, en algunos países, los centros de cuarentena que se crearon como espacios para aislar a las personas posiblemente enfermas ahora se usan para detener y castigar a personas sanas que incurren en transgresiones menores de las normas establecidas.

La corrupción debilita las medidas de salud pública orientadas a contener el virus y exacerba la desigualdad, al dividir a las comunidades entre quienes pueden permitirse quebrantar las normas y quienes no pueden hacerlo.

Desde que comenzó la pandemia, los ALAC en Guatemala, Kenia, Madagascar, Venezuela y Zimbabue han recibido denuncias sobre policías que exigen sobornos en los puestos de control.

Los medios de comunicación de Zimbabue informaron sobre casos en los que policías exigen dinero a mujeres embarazadas y personas enfermas que intentan llegar al hospital. En los puestos de control dispuestos en Sudáfrica, algunos hombres y mujeres del cuerpo policial no solo han intentado obtener sobornos, sino que además han robado dinero que había en algunos vehículos.

Los ALAC en la República del Congo han recibido testimonios perturbadores sobre abusos policiales. Uno de estos casos es el de un repartidor de pan a quien la policía le quitó la bicicleta, el teléfono y el dinero que llevaba, pese a tratarse de un trabajador esencial. Otro de ellos es el de un hombre al que detuvieron por no llevar mascarilla cuando se encontraba jugando al ajedrez con un amigo en su vivienda. El hombre falleció de un infarto en la estación de policía, donde lo obligaron a realizar trabajo físico al no poder pagar una multa.

El toque de queda que se impuso a partir de las 8:00 p. m. en la República del Congo ocasiona cada vez más dificultades para las trabajadoras y trabajadores de la economía informal. En muchos casos, las personas que se encontraban en lugares públicos después del horario permitido sufrieron abusos y exigencias de sobornos por parte de policías.

La situación es particularmente crítica en Venezuela, donde el personal policial detiene a las personas que regresan al país y las obligan a permanecer confinadas en centros y espacios atestados.

Los ALAC de Venezuela también han recibido denuncias sobre soldados que lucran con la venta de combustible; policías que exigen sobornos a trabajadoras y trabajadores sanitarios, quienes, a veces, hasta llegan a ser amenazados, y funcionarios y funcionarias gubernamentales que venden permisos de tránsito falsos.

Al inicio de la pandemia, el Gobierno keniata creó centros de cuarentena obligatoria para todos los viajeros y viajeras que llegaran al país.

Se suponía que las personas podrían retirarse cuando obtuvieran un resultado negativo en las pruebas de detección, tras cumplir 14 días de cuarentena. Sin embargo, debido a demoras en el procesamiento de las pruebas, muchas personas tuvieron que quedarse más tiempo a la espera de los resultados.

Los cuatro ALAC de Kenia no tardaron en empezar a recibir información de personas a quienes la policía había detenido en centros de cuarentena por infracciones menores, como incumplir el toque de queda o no usar mascarilla.

La policía no solo obligó a estas personas a pasar al menos 14 días en cuarentena, sino también les exigió pagar USD 20 por día. Además, no se les permitió retirarse del lugar a las personas que no podían realizar el pago.

En vez de aislar de la población general a quienes posiblemente estuvieran enfermos, los centros de cuarentena estaban poniendo en riesgo a personas sanas.

Los ALAC de Kenia advirtieron que el número de casos era demasiado alto como para analizar cada uno de ellos en forma individual. En colaboración con organizaciones aliadas, los ALAC ejercieron presión sobre el Gobierno keniata para que explicara de manera clara sus políticas de cuarentena.

Como resultado de estas iniciativas, el Gobierno eliminó el cobro de aranceles en los centros de cuarentena; una medida que, según lo previsto, alentará a más personas a realizarse las pruebas de detección.

Las restricciones orientadas a contener el virus también han creado oportunidades para que policías y soldados abusen de su poder.

Los actos de corrupción de estos agentes menoscaban las mismas medidas de seguridad pública que deben hacer cumplir.

Si las fuerzas policiales y militares utilizan el confinamiento como pretexto para aprovecharse de las personas vulnerables, los países no podrán combatir con eficacia la pandemia de la COVID-19

Instamos a los Gobiernos a terminar con la corrupción policial adoptando las siguientes medidas:

• Establecer protocolos claros y transparentes que orienten a los cuerpos policiales sobre cómo gestionar la respuesta a la COVID-19, incluso en los centros de cuarentena.

• Apoyar la existencia de mecanismos de denuncia seguros y accesibles para que la ciudadanía pueda informar de casos de corrupción policial en el contexto de la respuesta a la COVID-19, así como proteger a quienes se atreven a denunciar irregularidades en el accionar policial.

• Exigir que se lleven a cabo investigaciones de todos los casos de corrupción denunciados a las autoridades y que, cuando corresponda, se adopten las sanciones pertinentes. Imponer medidas disciplinarias a policías y soldados que se descubra que exigen sobornos.