La corrupción está enfermando a las personas

Hacia finales de 2019, cuando la pandemia de COVID-19 apenas empezaba a propagarse en China, la revista médica The Lancet publicó un artículo en que identificaba a la corrupción como "la mayor amenaza para el futuro de la salud en todo el mundo".

Un año antes, la Iniciativa por la Salud de Transparencia Internacional había advertido sobre el modo en que la corrupción debilita los sistemas de salud y pone en peligro los avances hacia la cobertura universal de salud.

Desde entonces, la COVID-19 se ha convertido en una pandemia mundial, y los riesgos por corrupción también se han multiplicado.

Más de 1,800 mujeres y hombres se han comunicado con la red global de Centros de Asesoría Legal Anti-Corrupción (ALAC) de Transparencia Internacional para denunciar casos de corrupción y brindar ayuda con quejas relacionadas con la atención de la pandemia por COVID-19. Nuestros ALAC ofrecen asesoría gratuita y confidencial a las víctimas y testigos de actos de corrupción en más de 60 países.

Estos reportes y denunciasmuestran la manera en que la corrupción aumenta la carga sobre los sistemas de salud e impide el acceso de las personas a tratamiento y equipo de protección personal (EPP).

Los trabajadores de la salud se ven obligados a trabajar en hospitales inseguros mientras las redes de corrupción se benefician de contratos gubernamentales y de ventas de suministros médicos en condiciones contrarias al interés público. En algunos casos, los pacientes se ven obligados a pagar sobornos para obtener EPP y pruebas de la COVID-19.

Los gobiernos no podrán controlar la propagación del virus mientras la corrupción impida que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan.

Los centros de trabajo inseguros son una queja común que los trabajadores de la salud presentan a los ALAC.

En la República Democrática del Congo, un grupo de enfermeras se comunicó con un ALAC después que fueran obligadas a trabajar durante tres meses sin recibir paga, aún cuando el Gobierno anunció que había gastado más de USD 27 millones en la lucha contra el virus.

Un ALAC irlandés recibió denuncias de trabajadores de la salud que expresaban temor porque sus empleadores no estuvieran implementando suficientes medidas de protección. Médicos y enfermeras en Kenya se han ido a la huelga debido a la falta de EPP, mientras que la ciudadanía indignada ha tomado las calles para protestar por el uso indebido de los fondos dedicados a la salud.

Una línea directa para informantes del Reino Unido recibió más de 170 llamadas de trabajadores de la salud, incluidas cinco que indican que han perdido el empleo después de expresar preocupación sobre el EPP.

Otros informes de ALAC indican la existencia de corrupción en el proceso de adquisición y distribución de EPP.

En Italia, un ALAC se puso en contacto con la administración de un hospital para detener, con éxito, la distribución de mascarillas no certificadas. Un ALAC keniano también se enteró de un hospital cuyo personal estaba haciendo que los pacientes compraran mascarillas en la entrada antes de recibir atención. El ALAC se puso en contacto con la administración del hospital, que finalmente puso fin a las ventas irregulares.

En julio, el personal del ALAC en Venezuela se comunicó con un médico de un hospital público que consideró que los riesgos de su trabajo se habían vuelto demasiado grandes.

Desde antes de la pandemia, el sistema de salud de Venezuela ya estaba colapsando. Más de la mitad de los médicos del país se han marchado en los últimos años como migrantes o refugiados.

El resto de los médicos y enfermeras gana tan solo seis dólares al mes en hospitales públicos, y a menudo carecen de acceso a jabón y agua potable, por no hablar de mascarillas, guantes, batas y otro EPP esencial. En consecuencia, los médicos representan más del 14 por ciento de las muertes por COVID-19 en Venezuela.

El médico que habló con el ALAC estaba preocupado porque, sin equipo de protección, se enfermarIa y llevaría el virus a su familia. Si su esposa o sus hijos se infectaran, no contaría con un salario adecuado para cubrir los gastos de atención.

Éste intentó presentar su renuncia, pero la administración del hospital se negó a dejarle ir. Cuando insistió, fue amenazado por agentes de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una rama de la policía que ha estado implicada en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Después de hablar con el médico, y en virtud de la situación crítica que atraviesa el sistema de salud en Venezuela, el ALAC solicitó una audiencia sobre las condiciones

de trabajo y la seguridad en los hospitales públicos de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión está facultada para otorgar medidas cautelares para las personas que corren el riesgo de sufrir daños irreparables.

En algunos casos, las denuncias presentadas a los ALAC han dado lugar a enormes investigaciones. El ALAC ruso unió fuerzas con periodistas de investigación y otras organizaciones jurídicas y sin fines de lucro para formar la Red Rusa de Emergencia Contra el Virus (RAVEN, por sus siglas en inglés).

El equipo de RAVEN habló con médicos preocupados por la calidad de los ventiladores de fabricación rusa después de que el incendio de un ventilador en un hospital de San Petersburgo les costara la vida a cinco pacientes con COVID-19.

Los ventiladores del hospital de San Petersburgo, así como de un hospital en Moscú donde un paciente también murió en un incendio, fueron fabricados por una corporación dirigida por Sergey Chemezov, un cercano aliado del presidente ruso Vladimir Putin. El Gobierno habría favorecido a la Corporación Estatal Rostec, de Chemezov, frente a otros fabricantes nacionales al otorgar millones de dólares para producir ventiladores.

La investigación del proyecto RAVEN determinó que Rostec cobró un sobreprecio por los ventiladores y utilizó un decreto del Gobierno para obligar a los hospitales a comprar sus modelos en lugar de los de otros proveedores extranjeros. Irónicamente, Rostec compró la mayor parte de sus componentes de sus ventiladores en el extranjero.

Los médicos de Venezuela y Rusia hablaron con la esperanza de que sus historias ayudaran a salvar vidas y hacer más fácil que otras personas decidan hablar. Lamentablemente sus historias no son nuevas, ya que la pandemia de COVID-19 solo ha agravado la corrupción y las tensiones existentes en los sistemas de salud.

Los informes recibidos por los ALAC durante la pandemia muestran cómo la corrupción está creando escasez de personal y equipo, y negando el derecho de las personas a la salud.

Los grupos vulnerables, como las personas que viven en la pobreza, los ancianos, las mujeres y las minorías étnicas, entre otros, llevan la carga más pesada. Dado que estos grupos dependen en mayor medida de los servicios de salud pública, debemos hacer más para garantizar que la corrupción no cueste más vidas durante la pandemia de COVID-19.

Los Gobiernos también deben crear canales seguros para que los ciudadanos y los profesionales médicos que prestan servicios de primera línea planteen sus preocupaciones.

Para contrarrestar la corrupción en el sistema de salud, pedimos a los Gobiernos que:

• Publiquen directrices claras, transparentes y públicas para los trabajadores de la salud y los funcionarios públicos sobre la gestión de la respuesta a la COVID-19.
• Incluyan mecanismos de presentación de reportes y mantengan la transparencia en la toma de decisiones, en las adquisiciones y los gastos para atender la crisis por COVID-19.
• Investiguen todos los casos de corrupción denunciados ante las autoridades y sancionen todos los casos que lo ameriten.
• Protejan a los ciudadanos que denuncien infracciones e investiguen sus quejas.

Mientras no se controle la corrupción, los trabajadores de la salud y las comunidades en el primer frente de la pandemia sufrirán innecesariamente, en algunos casos llegando hasta la muerte.

En medio de una pandemia, la corrupción es algo más que una simple amenaza para la buena gobernanza; es un grave peligro para la salud pública.