IPC 2023 PARA LAS AMÉRICAS: La falta de independencia judicial frena el combate a la corrupción

Luciana Torchiaro, Asesora Regional para América Latina y el Caribe, Transparencia Internacional

Con dos tercios de los países de la región con una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas sigue enfrentando serios desafíos en la lucha contra la corrupción. La falta de independencia del Poder Judicial en la región es uno de los principales problemas. Esto debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común.

En la última década, sólo dos países de la región, Guyana (Puntuación en el IPC: 40) y República Dominicana (35) han mejorado sus puntuaciones en el IPC. Todos los demás se han estancado o deteriorado significativamente. Canadá (76) y Uruguay (73), que tienen un sistema más sólido de pesos y contrapesos institucionales, se ubican en la cima del ranking regional. Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) presentan los puntajes más bajos, con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial.

En América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia del Poder Judicial facilita la corrupción y la influencia indebida por parte de élites políticas y económicas. Por esta razón, muchos sistemas judiciales de la región no son capaces de aplicar la ley de manera eficaz e imparcial o de ejercer su función de contrapeso sobre otros poderes del Estado, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia.

En países como Brasil (36), México (31) y Honduras (23), la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado, a menudo mediante procesos opacos y, en algunos casos ilegales, socava la independencia del Poder Judicial. Esto fomenta la injusticia y la aplicación de la ley en función de los intereses del gobierno de turno y las élites. También garantiza la impunidad de los corruptos y obstaculiza la posibilidad de recuperar activos robados.

En casos de cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de las élites políticas, como se ha visto en Nicaragua (17), Guatemala (23) y El Salvador (31), el Poder Judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos. Recientemente, en los dos últimos países, el Poder Judicial se ha utilizado para manipular procesos electorales, poniendo en riesgo a la democracia y, en el caso de Nicaragua, se ha usado para consolidar la dictadura.

La sensación de impunidad y la incapacidad de jueces y fiscales para proceder con imparcialidad y garantizar juicios justos e igualdad ante la ley afectan significativamente la confianza pública en el Poder Judicial. Esto, a su vez, desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura. Los más afectados son las personas más pobres y grupos vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las minorías sexuales y las personas migrantes. Estos grupos a menudo experimentan discriminación cuando intentan obtener justicia.

La República Dominicana (35) es el único país de la región que ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción desde 2021. En pocos años, el país ha logrado fortalecer la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República, permitiendo avances en la investigación de casos de gran corrupción, sin injerencias. A su vez, en los últimos años, el país ha profesionalizado al Poder Judicial mejorando la transparencia e impulsando su transformación digital. Además, la labor de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de las acciones de la Justicia han sido clave para concientizar a la opinión pública sobre los costos de la corrupción y exigir rendición de cuentas.

En Estados Unidos (69), la normas éticas endebles de la Corte Suprema concitaron serias interrogantes sobre la integridad judicial, pero los poderes judiciales federal y estatales del país siguen funcionando adecuadamente, sin injerencias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En el país los ataques a la independencia del Poder Judicial a nivel federal y estatal han fracasado en gran medida, y los casos contra personas con conexiones políticas han proseguido sin injerencias efectivas. Por ejemplo, las causas contra un expresidente de Estados Unidos y contra el hijo del actual Presidente están avanzando a través de canales judiciales adecuados e independientes.

En Brasil (36), la independencia del sistema de justicia ha tenido retrocesos significativos por casi una década. La participación de figuras importantes de la Operación Lava Jato, incluido el juez y el fiscal principales, en el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro ha puesto seriamente en duda la independencia del Poder Judicial y la propia investigación. A pesar de que Lava Jato ha cumplido este año su décimo aniversario y que cuenta con el mérito innegable de haber expuesto esquemas de gran corrupción, también ha sido blanco de críticas por haber comprometido su imparcialidad. Por otra parte, tanto Bolsonaro como el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva han eludido procesos para aumentar la legitimidad y la independencia del Poder Judicial al designar a personas de confianza en la función de Fiscal General. La decisión controversial que tomó Lula de nombrar a su exabogado como magistrado del Supremo Tribunal Federal concita aún más preocupación. Además, la reciente decisión de invalidar todas las pruebas del acuerdo de clemencia de Odebrecht, el mayor caso de soborno transnacional en el mundo, y de suspender la multa récord impuesta a JBS, la mayor empacadora de carne del mundo, garantiza la impunidad de numerosos casos de corrupción a gran escala en Brasil y en otros países.

Perú (33) y Ecuador (34) cayeron tres y dos puntos, respectivamente, en comparación con el año anterior. En Perú, la injerencia cada vez mayor en el sistema de justicia por parte de una coalición mayoritaria del Poder Legislativo es motivo de preocupación. Esto se suma a la posibilidad de que, en 2024, quede cooptada también la Junta Nacional de Justicia, responsable de nombrar a jueces y fiscales. Las demoras en las investigaciones también son un factor preocupante. Ecuador atraviesa una grave crisis de violencia y deterioro de la confianza en las instituciones públicas. En un contexto de falta de transparencia, rendición de cuentas e integridad, los pronunciamientos cuestionables por parte de determinados jueces a favor de actores criminales sugieren una posible infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.

En Jamaica (44), la colusión entre actores poderosos, así como el dominio abrumador del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo debilitan la capacidad de supervisión del parlamento, generando condiciones propicias para el abuso y la corrupción. Además, el fracaso del Poder Ejecutivo en resolver las fallas de gobernanza disminuye la posibilidad de procesar judicialmente casos de corrupción que involucran al crimen organizado y favorece la impunidad de élites corruptas en las altas esferas.

Con una caída de cinco puntos en los últimos tres años, El Salvador (31) muestra retrocesos importantes en la lucha contra la corrupción. Este aumento en la percepción de la corrupción va de la mano de la cooptación del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Poder Legislativo por parte del Ejecutivo. Esto profundizó la impunidad en el país, ya que el sistema de justicia no avanza en las investigaciones contra funcionarios del gobierno actual. A su vez, la falta de controles efectivos ha permitido que el presidente Bukele quedara habilitado para la reelección inmediata, a pesar de su inconstitucionalidad.

Honduras (23) también se ha enfrentado a un debilitamiento significativo del sistema de pesos y contrapesos. La captura cada vez mayor del Congreso por parte del Poder Ejecutivo ha permitido el nombramiento de la Fiscal General por parte del Legislativo sin ninguna transparencia y en forma ilegal. El país también vive ataques cada vez más frecuentes contra la prensa y las organizaciones de base que interpelan al poder para que rinda cuentas, consolidando así la tendencia autoritaria en el norte de América Central.

En Venezuela (13), el pago de sobornos y la cooptación de jueces y fiscales en todos los niveles del sistema de justicia se ha convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por las redes delictivas para asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas, así como su impunidad. Algunos jueces y fiscales venezolanos, además de formar parte de estas redes, también están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por su intervención, actuación u omisión en abusos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.

Guatemala (23) ha registrado una caída de 10 puntos desde 2012 como resultado de tres gobiernos consecutivos aliados con prácticas corruptas. El impacto de las investigaciones impulsadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dio lugar a la consolidación del “Pacto de Corruptos”, una alianza pro-corrupción integrada por redes políticas y económicas, cuyos intereses se vieron afectados por las investigaciones exitosas realizadas por este organismo. Este grupo propagó la corrupción en el país, logrando la impunidad de sus miembros a través de la cooptación de todas las instituciones y poderes del Estado.

En los últimos años, uso político del Ministerio Público y del Poder Judicial para perseguir a actores que combaten la corrupción, ha dejado al Estado sin capacidad institucional para contrarrestar la corrupción, además de otorgar a las élites y redes corruptas impunidad absoluta por sus acciones. Además, en 2023, el Ministerio Público se utilizó como instrumento para intentar anular resultados electorales que fueran adversos al “Pacto de Corruptos” en las elecciones que contaron con la observación de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos.

El principal desafío para el nuevo gobierno liderado por el presidente electo Bernardo Arévalo será desarticular las redes de corrupción que han cooptado al Estado guatemalteco y permitir que retome sus funciones primarias, las cuales han sido gravemente dañadas por la corrupción.

Chile (66) continúa teniendo una posición destacada en el Índice por la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia. Sin embargo, su puntaje ha caído significativamente desde 2014, perdiendo su liderazgo regional. Esto ocurre luego de que trascendieran varios casos de corrupción con alto impacto que involucran a figuras importantes de casi todos los partidos políticos principales y muchas de las instituciones más relevantes del país, y pone de manifiesto deficiencias estructurales en la prevención de la corrupción, así como una escasa respuesta en cuanto a sanciones.

Este año, Chile tiene una oportunidad única de marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción e incluso frenar el crecimiento del crimen organizado si se aprueba la ley de registro de beneficiarios finales y se implementan las recomendaciones de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. Para mostrar resultados positivos también es necesaria la aplicación efectiva de la Primera Estrategia Nacional de Integridad, la modernización en áreas clave para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales.

La región de las Américas necesita con urgencia un Poder Judicial más sólido e independiente para garantizar la justicia, actuar ante la impunidad y enfrentar el crecimiento de las redes de corrupción. Los nombramientos y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes y con base en la experiencia y el desempeño para evitar que haya injerencia de otros poderes del gobierno. También es fundamental la apertura de las declaraciones de bienes de jueces y funcionarios públicos para prevenir conflictos de intereses y reforzar la confianza en el Poder Judicial. Los jueces y fiscales honestos deberían tener garantías para poder llevar a cabo su labor sin injerencias, presiones ni amenazas a fin de avanzar en las investigaciones e imponer sanciones. Por último, es vital contar con recursos adecuados y asegurar una mayor cooperación internacional entre fiscales independientes de diferentes jurisdicciones para enjuiciar y sancionar la corrupción transnacional.

El fortalecimiento y la independencia del Poder Judicial en las Américas fomentará sociedades más justas, orientadas al bien común y libres de corrupción e impunidad.