IPC 2022 de las Américas: Terreno fértil para el crimen organizado y los abusos de derechos humanos

Por cuarto año consecutivo, las Américas obtienen una puntuación media de 43 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). La falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas facilita las actividades de la criminalidad organizada, debilita la democracia y los derechos humanos y amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También propicia la violencia, el daño ambiental y la migración a lo largo del hemisferio.

Desde 2016, 27 de los 32 países de las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción. A la cabeza del ranking regional se ubican Uruguay y Canadá, cada uno con una puntuación de 74, seguidos por Estados Unidos con 69. En Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19), los países con los puntajes más bajos, resulta difícil trazar una línea clara entre las instituciones públicas y las redes criminales.

En América Latina, las instituciones públicas débiles y sin rendición de cuentas han creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando la violencia y la inseguridad. Estos son algunos de los problemas que más preocupan a los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía. En muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas. En Honduras (23), Guatemala (24) y Perú (36), hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos.

Este entramado de criminalidad e intereses políticos afecta especialmente a los grupos más marginados de la sociedad y se manifiesta también en la destrucción de los recursos naturales. En toda la región, las mujeres, las niñas y los migrantes son víctimas de trata de personas y extorsión sexual, cuando funcionarios públicos les exigen actos sexuales a cambio de servicios tales como emitir pasaportes o permitir el cruce de controles fronterizos. Por otra parte, las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación.

En la Amazonía, el comercio de drogas ha llevado la violencia a los territorios ancestrales de pueblos indígenas y afrodescendientes, los cuales son áreas con gran biodiversidad. A su vez, en 2021, los países de América Latina registraron el número más alto de asesinatos de defensores de derechos humanos. Colombia (39) tuvo la mayor cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos con 138, seguido por 42 en México (31) y 27 en Brasil (38). Muy a menudo, los homicidios de defensores ambientales y activistas contra la corrupción quedan impunes debido a la infiltración de redes corruptas y criminales en los gobiernos locales y en el sistema de justicia.  

Por otro lado, para enfrentar al crimen organizado y a la violencia de pandillas, algunos gobiernos han adoptado medidas extremas que concentran el poder en el órgano ejecutivo, las cuales reducen la transparencia y la rendición de cuentas y plantean amenazas graves para los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por ejemplo, la declaración de estados de excepción durante 2022 en países como El Salvador (33), Ecuador (36) y Honduras (23) – si bien tuvieron carácter constitucional y oficialmente temporal – otorgaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para suspender garantías constitucionales. Estas medidas afectaron los derechos de asociación, de acceso a la información, de circulación y el debido proceso durante los arrestos. En nombre de la seguridad, estos gobiernos redujeron el espacio cívico, limitando la capacidad de supervisión y control por parte de otros actores y agravando sustancialmente los riesgos de corrupción y el retroceso democrático que padece la región.

En los Estados Unidos (69), hay indicios de mejora tras varios años en los que se pusieron en tela de juicio las normas democráticas y contra la corrupción. Se aprobaron iniciativas importantes a favor de la democracia a nivel local y estatal, incluidas medidas para ampliar el acceso al voto. Estas medidas aportan mayor transparencia al gasto electoral y amplían las opciones para los votantes. Asimismo, se adoptaron medidas de rendición de cuentas significativas y adecuadas luego del ataque contra al Capitolio de EE. UU. en enero de 2021. Tras años de relegamiento, se han incrementado los fondos destinados al combate de la corrupción en el extranjero y transnacional.

En el Caribe, la República Dominicana (32) ha ganado cuatro puntos en el IPC durante los dos últimos años como resultado de medidas que fortalecieron la independencia de sus órganos de justicia y supervisión, reforzaron la transparencia en la contratación pública, además de la promulgación de una ley de ley de extinción de dominio, un instrumento jurídico central para combatir la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, la demora en los procesos judiciales ha impedido el avance en las condenas por actos de corrupción. Existe la inquietud entre la sociedad dominicana de que los tribunales no están a la altura de la gran demanda que existe en el país de avanzar en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.

Guyana (40) ha tenido un ascenso considerable en el IPC en los últimos 12 años, pero más recientemente la puntuación del país se ha estancado. Esta nación, con abundantes recursos petroleros, debe enfocar más sus esfuerzos en construir un sistema democrático eficiente e implementar mayores niveles de transparencia y supervisión, sobre todo en torno a las industrias extractivas. La corrupción en este sector implica la pérdida de miles de millones de dólares, que podrían usarse para mejorar los servicios públicos y promover el desarrollo en uno de los países con mayores niveles de pobreza del hemisferio.

La puntuación de Canadá (74) se ha estabilizado tras varios años de declive. Los señalamientos de la injerencia de funcionarios chinos en la política canadiense, dejaron al descubierto una vez más la necesidad de actuar ante la opacidad en la política y el déficit de integridad en el país.

Chile (67) y Costa Rica (54) – que tradicionalmente han obtenido los mejores desempeños en el IPC dentro de América Latina— no están priorizando la lucha contra la corrupción. Chile ha estado en la misma posición por años, pese a la importancia evidente de actuar contra la corrupción ante el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad en el país, dos de las principales inquietudes entre la población.

Costa Rica ha descendido cuatro puntos en los últimos tres años, alcanzando su puntuación más baja hasta ahora. Los escándalos de corrupción recientes ponen de manifiesto la existencia de déficits en materia de transparencia, sobreprecios y falta de competencia en el sector de infraestructura, una tendencia que se repite en toda la región. Los señalamientos de financiamiento político ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves también podrían explicar los resultados recientes

Sin embargo, tanto Chile como Costa Rica cuentan con instituciones democráticas sólidas y oportunidades para revertir estas tendencias. En Chile, el proceso de reforma constitucional, así como la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública ofrecen una posibilidad única de fortalecer la rendición de cuentas, modernizar las instituciones públicas y mejorar la confianza en el Estado. La Estrategia Nacional de Integridad de Costa Rica, si se implementa de manera adecuada, podría transformarse en un modelo a seguir para otros países de la región.

Perú (36), que atravesó seis cambios de gobierno en seis años y donde cinco expresidentes están bajo investigación, sufre de violencia e inestabilidad política propiciadas en buena medida por la corrupción. El reciente intento de disolver el Congreso y subvertir el orden constitucional por parte del expresidente Castillo —también investigado por corrupción— es la manifestación más reciente de una prolongada crisis política que impide que el país construya una sociedad más democrática e inclusiva. Las reformas adoptadas en los últimos años, tales como la modernización del servicio público, la mejora del régimen de integridad pública y una mayor autonomía de la autoridad de transparencia, han sido postergadas o presentado resistencias. También es necesario que haya un progreso más efectivo en casos emblemáticos de corrupción, y que éstos se conduzcan respetando todas las garantías legales.

Por tercer año consecutivo, México no ha podido mejorar su puntuación en el IPC. Tras cuatro años de gobierno del presidente López Obrador (AMLO), aún no hay condenas contra funcionarios públicos de alto rango o ejecutivos del sector privado por casos de corrupción, algunos de las cuales implican a integrantes de su red política. Asimismo, la tensión política entre el Presidente y las instituciones autónomas responsables de garantizar el acceso a la información (INAI) y la organización de elecciones libres y justas (INE) se suman a la creciente tendencia de socavar el sistema de pesos y contrapesos necesarios para una democracia funcional.

En el Caribe, el narcotráfico ha sacado provecho de la fragilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia, los altos niveles de corrupción y la ausencia de controles adecuados en las líneas costeras. Según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2019, el 50 % de las personas en Jamaica (44) consideran que la policía es corrupta, mientras que en Trinidad y Tobago (42) esa proporción asciende al 61 %. En Jamaica, si bien hay falta de confianza en la policía nacional, hay oportunidades de avanzar en la dirección correcta dado que el 62 % de los jamaiquinos manifiesta estar dispuesto a trabajar con la policía en proyectos comunitarios.

Panamá (36) sigue en una posición estancada; descendió dos puntos en el Índice desde 2012 y no consigue mejorar su puntuación desde 2021. Esto se debe a las condiciones institucionales deficientes para combatir la corrupción y poner fin a la impunidad, sobre todo en casos de corrupción a gran escala. En julio y agosto de 2022, el país se vio paralizado por una ola de protestas y un estallido social violento y prolongado. Los eventos representaron una respuesta orgánica a la corrupción institucional pública y al incremento injustificado en la nómina gubernamental, mientras la población del país, que presenta una de las mayores tasas de desigualdad de la región, soportaba aumentos en el costo de medicamentos, alimentos básicos y combustible.

En los países que este año obtuvieron los peores resultados, como Venezuela (14), Nicaragua (19), Honduras y Guatemala, las elites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales. En Venezuela (14), las actividades económicas ilegales representaron el 21 % de su PIB de 2021; los grupos delictivos ejercen un control exhaustivo sobre las operaciones de minería de oro, y emplean la extorsión y los pagos irregulares a comandantes militares para poder mantener sus actividades ilícitas. Estos grupos son responsables de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, el asesinato de líderes indígenas y el desplazamiento de sus comunidades, la prostitución forzada y la explotación laboral de adultos y niños, así como la contaminación y otros delitos ambientales graves.

En Honduras (23), la extorsión de pequeños negocios y de la ciudadanía por parte pandillas criminales es un problema grave que, no obstante, queda impune. Esto frena el desarrollo económico, agudiza la inseguridad y promueve el ingreso de flujos de dinero ilícito al sistema financiero. Se estima que los hondureños realizan pagos extorsivos por USD 737 millones al año, lo cual representa el 16 % del PIB anual del país.

En estos entornos con altos niveles de corrupción, la violencia creciente y la vulneración de derechos sociales y económicos afectan de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginados, lo cual promueve movimientos migratorios masivos a otros países de la región. A fin de reducir la violencia de pandillas, El Salvador y Honduras declararon estados de excepción. En El Salvador, esto ha dado lugar a detenciones injustificadas e instancias de abuso de poder. El régimen de emergencia también se ha usado para reprimir y silenciar voces críticas del gobierno y limitar incluso más el derecho de acceso a la información.

En la mayoría de estos países, la lucha contra la corrupción es liderada casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y fiscales. En Guatemala, las detenciones injustificadas del periodista José Rubén Zamora y las exfiscales Virginia Laparra y Samari Gómez representan son casos emblemáticos.

En los últimos cuatro años, Brasil (38) experimentó el desmantelamiento sin precedentes de sus marcos legales e institucionales contra la corrupción, cuya construcción había llevado décadas. Pese a manifestar reiteradamente que dirigía un gobierno sin corrupción, Jair Bolsonaro, ministros de su gabinete, aliados e incluso sus familiares fueron objeto de investigaciones por corrupción. Su gobierno armó el mayor esquema de corrupción institucionalizada jamás vista en Brasil, conocida como “presupuesto secreto”. Por medio de esta estrategia, miles de millones de reales se utilizaron para favorecer a aliados políticos, con un grave impacto para las áreas de salud, educación y las políticas de infraestructura. El gobierno de Bolsonaro arremetió contra el espacio cívico recurriendo a la intimidación, la difamación, el uso de noticias falsas y ataques directos contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas. También fue un período nefasto para el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTQ+.

Este movimiento antidemocrático culminó con la invasión de las sedes del Congreso nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal el 8 de enero por partidarios de Bolsonaro, en un intento por desconocer los resultados electorales de octubre, los cuales otorgaron la victoria al presidente Lula da Silva. Las tres sedes fueron vandalizadas, mientras la policía local permaneció pasiva. Tras el ataque, diversas autoridades públicas, algunas de ellas vinculadas al expresidente Bolsonaro, fueron halladas responsables de negligencia.

Si bien los ataques violentos y antidemocráticos serán un desafío que enfrentará la gestión del presidente Lula da Silva, su gobierno debe encontrar formas de abordar la lucha contra la corrupción. El partido del gobierno entrante, el Partido de los Trabajadores (PT), también ha estado implicado en escándalos de corrupción de gran magnitud, incluido el que propició la investigación de la Operación Lava Jato, en el marco de la cual Lula fue condenado por corrupción, hasta que el Supremo Tribunal anuló su condena. Sin embargo, también fue durante los gobiernos de Lula y de su predecesora Dilma Rousseff que Brasil consiguió avances significativos contra la corrupción.

Lula y su partido todavía no han propuesto un plan concreto contra la corrupción para el futuro, ni tampoco han expuesto como prevén restablecer la autonomía de instituciones clave, como el Ministerio Público, la Policía Federal y organismos ambientales. Al adoptar estándares transparentes y éticos, y volver a abrir al gobierno a la participación y el escrutinio social, el nuevo gobierno podría tener un impacto positivo en la región y en el resto del Sur Global.

La victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022 ha generado expectativas de cambio en Colombia (39), que no ha mejorado su puntuación en el IPC de este año. Las protestas masivas que tuvieron lugar en el país entre 2019 y 2021 se desencadenaron en parte por los altos niveles de corrupción y desigualdad social. A su vez, los flujos financieros ilícitos provenientes de la corrupción y crimen organizado, como la deforestación ilegal, son obstáculos que se interponen a las prioridades sociales, económicas y ambientales del país.

Colombia precisa más transparencia en su sistema político, un mayor control sobre los mecanismos discrecionales de contratación pública, más independencia en los órganos de control y en el sistema judicial y más protección para los denunciantes de corrupción.

El nuevo gobierno debe mantener una separación efectiva de poderes y garantizar las condiciones para que la sociedad civil, los medios de comunicación y otros actores no estatales ejerzan su rol de contrapeso al poder, especialmente a nivel local en el contexto de los acuerdos de paz de 2016. Las elecciones locales programadas para octubre de 2023 pondrán a prueba nuevamente la transparencia y la eficiencia del sistema electoral, así como la posibilidad del país de abrir espacios para nuevos actores políticos.

Los gobiernos de las Américas deben fortalecer sus instituciones y los sistemas de pesos y contrapesos fundamentales para combatir la corrupción con eficacia. Los gobiernos también deben garantizar condiciones adecuadas para que la sociedad civil, los activistas y las distintas comunidades participen en la vida pública y puedan demandar la rendición de cuentas sin temor a represalias. Solo será posible proteger a quienes denuncian la corrupción y terminar con la impunidad, los abusos y la criminalidad si se promueven la integridad y la transparencia en las instituciones de justicia. Por otro lado, ante la creciente sofisticación de las redes de corrupción resulta necesario hacer un mejor uso de la tecnología para agilizar las investigaciones, reforzar la colaboración entre los fiscales de la región e implementar medidas más contundentes para detener los flujos financieros ilícitos procedentes de la corrupción y el crimen organizado.

Los desafíos son inmensos; sin embargo, con el esfuerzo conjunto de diferentes sectores, la construcción de consenso y una mayor participación, las Américas tienen la oportunidad de superarlos y crear sociedades más democráticas e inclusivas, con mayores niveles de integridad en la vida pública.