CPI 2021: Puntos destacados y conclusiones

Dos años después del inicio de la catastrófica pandemia de covid-19, el Índice de Percepción de la Corrupción de este año advierte que los niveles de corrupción se encuentran estancados en todo el mundo.

A pesar de sus compromisos, 131 países no han registrado ningún avance significativo en la última década, y este año 27 países han caído a la puntuación más baja de su historia. Al mismo tiempo, los derechos humanos y la democracia se ven amenazados en todo el mundo.

No es casualidad. Por un lado, la corrupción facilita la violación de los derechos humanos. Por el otro, cuando se limitan los derechos básicos y las libertades de la población hay mayores probabilidades de que la corrupción quede sin denunciarse.

Este año, los datos del Índice de Percepción de la Corrupción indican que, en términos generales, los países donde las libertades civiles y políticas están bien protegidas también suelen controlar mejor la corrupción. Las libertades fundamentales de asociación y expresión son cruciales en la lucha por un mundo libre de corrupción.

Para atajar el abuso a los derechos humanos y el deterioro de la democracia en todo el mundo, es urgente acelerar la lucha contra la corrupción.

El índice califica 180 países y territorios de todo el mundo según la percepción de especialistas y empresarios sobre la corrupción existente en el sector público de su país. Está basado en 13 fuentes de datos independientes y emplea una escala de cero a cien, donde el cero representa un alto nivel de corrupción y, el cien, corrupción prácticamente inexistente.

Más de dos tercios de los países (68%) están por debajo de los 50 puntos y la media global permanece sin cambios en 43. Desde 2012, 25 países han mejorado sus puntuaciones, pero 23 han empeorado significativamente.

Este año, los países que encabezan la clasificación son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos cada una. Las diez máximas calificaciones se completan con Noruega (85), Singapur (85), Suecia (85), Suiza (84), Países Bajos (82), Luxemburgo (81) y Alemania (80).

Sudán del Sur (11), Siria (13) y Somalia (13) se mantienen al final de la clasificación.

Los países con conflictos armados o regímenes autoritarios tienden a obtener las puntuaciones más bajas, entre ellos Venezuela (14), Afganistán (16), Corea del Norte (16), Yemen (16), Guinea Ecuatorial (17), Libia (17) y Turkmenistán (19).

En síntesis, el Índice advierte que en la última década el control de la corrupción se ha estancado o deteriorado en el 86 % de los países del mundo.

En los últimos cinco años, la puntuación de varios países ha caído considerablemente en el Índice, como Canadá (-8), Nicaragua (-6), Honduras (-6) y Venezuela (-4). Los países que más han mejorado en el mismo periodo son Armenia (+14), Angola (+10), Corea del Sur (+8), Uzbekistán (+6), Moldavia (+5) and Etiopía (+4).

Entretanto, algunas democracias que solían estar a la cabeza del Índice y de la lucha contra la corrupción también han perdido puntos. Muchos de estos países con puntuaciones altas continúan sirviendo de refugio a corruptos de otros países.

Desde la represión de los partidarios de la oposición en Bielorrusia hasta el cierre de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, la violencia homicida contra manifestantes en Sudán y el asesinato de defensores de los derechos humanos en Filipinas, los derechos humanos y la democracia están en peligro.

Tanto los derechos como los controles y contrapesos se debilitan cada vez más, no solo en Estados con corrupción rampante e instituciones débiles, sino también en las democracias consolidadas. Desde 2012, el 90 % de los países se han estancado o han retrocedido en lo que respecta a las libertades civiles según el Índice de Democracia (Democracy Index).

En muchos países, se ha aprovechado la pandemia de covid-19 para acortar libertades básicas y eludir frenos y contrapesos importantes.

A pesar del creciente impulso internacional para atajar el uso indiscriminado de sociedades fantasma anónimas, muchos países con altas puntuaciones y sectores públicos relativamente «limpios» continúan facilitando la corrupción transnacional.

Nuestro análisis de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de este año indica que es crucial proteger los derechos humanos en la lucha contra la corrupción, dado que los países que vulneran las libertades civiles suelen obtener puntuaciones bajas en el Índice.

La corrupción socava la capacidad de los gobiernos de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos, ya que afecta la provisión de servicios públicos, el desempeño del poder judicial y la seguridad de la población. Concretamente, la corrupción perpetrada por funcionarios de alto nivel suele combinar el robo transfronterizo y a gran escala de fondos públicos con la vulneración flagrante de los derechos humanos.

Nuestro análisis indica que estos esquemas de corrupción —a menudo facilitados por economías avanzadas, con altas puntuaciones en el Índice— exacerban la represión, ya que permiten a autócratas:

1. Disfrutar el botín. Ayudados por cómplices contratados como banqueros, abogados y agentes inmobiliarios en los grandes centros financieros, los corruptos guardan y esconden sus ingresos ilícitos, recompensan a sus compinches y concentran aún mayor poder.

2. Limpiar su reputación en el extranjero. Los regímenes autoritarios y cleptocráticos sobornan a políticos extranjeros y contratan firmas occidentales de relaciones públicas y cabildeo para mitigar la presión internacional por su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.

3. Evadir responsabilidades. Los corruptos utilizan empresas secretas e inversiones anónimas para ocultar sus delitos de las fuerzas policiales e instituciones judiciales y así permanecer impunes.

Ciertos derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión y el acceso a la justicia, garantizan la participación pública y mantienen a raya la corrupción. La actual ola de autoritarismo no viene dada por golpes de Estado sino por acciones que socavan poco a poco la democracia. Los primeros pasos tienden a ser los ataques a los derechos civiles y políticos, los intentos de socavar la autonomía de los organismos electorales y de supervisión, y el control de los medios de comunicación.

Estos ataques permiten a los corruptos evadir la rendición de cuentas y las críticas, dando rienda suelta a la corrupción.

Fuente: Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020.

Armenia es uno de los grandes éxitos de los últimos cinco años, con un incremento de 14 puntos desde 2017 a su actual puntuación de 49. Las multitudinarias protestas de 2018 forzaron la salida de una élite aferrada al poder en favor de un gobierno reformista. Desde entonces se han ampliado las libertades civiles, con más participación popular y mayor rendición de cuentas. Sin embargo, en el último año la reforma se ha estancado y el gobierno debe reiterar su compromiso.

Uzbekistán es uno de los países que presentan mejoras constantes en el Índice, de 17 puntos en 2012 a 28 en 2021. Las reformas adoptadas desde 2016 han contribuido a un ligero incremento de las libertades civiles, especialmente la de expresión. No obstante, Uzbekistán continúa siendo una autocracia y tiene un largo camino por delante para alcanzar victorias duraderas en la lucha contra la corrupción.

El éxito de Singapur se debe a varios factores, como una economía moderna, una burocracia eficiente y una aplicación robusta de la ley. Sin embargo, el país permanece muy atrasado en cuestión de derechos humanos, como la libertad de expresión y asociación. Esto significa que todo éxito en la lucha contra la corrupción depende de la voluntad de la élite dirigente que puede dar marcha atrás en cualquier momento.

La corrupción y la impunidad ponen en peligro a las personas que alzan la voz para pedir justicia. El 90 % de los 331 asesinatos de defensores de los derechos humanos perpetrados en 2020 se produjeron en países con un alto nivel de corrupción en el sector público, indicado por una puntuación inferior a 45 en el Índice de Percepción de la Corrupción. En al menos veinte de estos casos, las personas asesinadas se dedicaban específicamente a combatir la corrupción.

Fuente: Frontline Defenders, Global Analysis 2020.

Desde 2012, Nicaragua ha perdido 9 puntos en el Índice y ha obtenido su calificación más baja con 20 puntos. Su presidente de muchos años, Daniel Ortega, ha reaccionado a las denuncias de corrupción con ataques a los medios de comunicación, al espacio cívico y a los organismos de supervisión. Las valoraciones de Nicaragua en cuanto a libertad de expresión, libertad de asociación y acceso a la justicia son hoy las más bajas registradas en su historia.

Con una calificación de 33, Filipinas ha caído significativamente, con 5 puntos desde 2014. Desde la elección de Rodrigo Duterte, las islas han experimentado también un rápido deterioro de la libertad de expresión y asociación, lo que dificulta la lucha contra la corrupción. En 2020, Filipinas fue el segundo país con el mayor número de asesinatos de defensores de los derechos humanos, con 25 víctimas.

Azerbaiyán continúa en el tercio inferior del Índice, con una puntuación que ha oscilado entre los 25 y 30 puntos. En 2017, la investigación de la «lavandería Azerbaiyana» descubrió un gran fondo ilícito que financiaba el blanqueo de la reputación del régimen mediante pagos a políticos de toda Europa, principalmente a través del Danske Bank. Entretanto, el régimen encarcelaba a las voces críticas de la oposición y los medios de comunicación.

La corrupción es un problema con muchas facetas, pero sabemos cómo resolverlo. Por ello hacemos un llamado al público para que exija a los gobiernos que cumplan con sus propios compromisos contra la corrupción y en defensa de los derechos humanos, muchos de los cuales se asumieron hace varias décadas y todavía están esperando a hacerse realidad. Muchas de las iniciativas exitosas contra la corrupción en la historia reciente se deben a los esfuerzos incansables de personas ordinarias, que tomaron riesgos considerables para llevarlos a cabo.

Para cortar el círculo vicioso de la corrupción, la violación de los derechos humanos y el deterioro democrático, la población debe hacer las siguientes demandas a sus gobiernos:

1. Defender los derechos que hacen posible pedir cuentas al poder: Los gobiernos tienen que revocar todas las restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión, asociación y reunión introducidas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, es prioritario que se haga justicia respecto a los asesinatos de defensores de los derechos humanos.
2. Restituir y reforzar la supervisión del poder: Las instituciones públicas de supervisión, como los organismos anticorrupción y de auditoría, deben tener la independencia, financiación y autoridad necesarias para detectar y sancionar irregularidades. Los parlamentos y tribunales deben vigilar al poder ejecutivo para impedir cualquier extralimitación.
3. Combatir la corrupción transnacional: Los gobiernos de las economías avanzadas deben corregir las fallas sistémicas que permiten que la corrupción transfronteriza pase desapercibida o quede impune. Hay que subsanar las lagunas legales, regular a los profesionales que facilitan el delito financiero y asegurar que los corruptos y sus cómplices no escapen de la justicia.
4. 4. Defender el derecho a la información sobre el gasto público: Dentro de las medidas de recuperación de la covid-19, los gobiernos deben cumplir el compromiso que asumieron en la declaración política de UNGASS, firmada en junio de 2021, de incluir garantías contra la corrupción en los procesos de contratación pública. Máxima transparencia en el gasto público conlleva a una rendición de cuentas efectiva que protege vidas y el bienestar de la población.