CPI 2020: Américas

Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis de la covid-19.

Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente.

En una región ya caracterizada por unas instituciones de gobierno débiles, la covid-19 ha puesto de relieve profundas desigualdades sociales y económicas que afectan de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, las niñas, las personas mayores, las poblaciones indígenas, los migrantes y la población afroamericana.

Al igual que en otras partes del mundo, los gobiernos americanos tomaron medidas extraordinarias ante la covid-19, con estados de emergencia que restringían los derechos civiles. Las restricciones coartaron la libertad de expresión y de reunión, debilitaron los sistemas de pesos y contrapesos y redujeron el espacio de acción de la sociedad civil.

Una concentración alarmante de poder en el poder ejecutivo de países como Colombia (39) y El Salvador (36) ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas relacionadas con la pandemia. En todo el continente, los ciudadanos tienen dificultades para conseguir información fiable y actualizada sobre datos estadísticos sanitarios y suministros de emergencia.

Un reto importante es lograr que los fondos y programas de ayuda para la covid-19 no acaben en manos de la corrupción y lleguen a sus destinatarios legítimos. De no distribuirse debidamente estas ayudas, existe el riesgo de que aumente el malestar social, se aviven las llamas de un populismo dañino y crezcan aún más la pobreza y la desigualdad.

Los gobiernos deben procurar que el desarrollo, adquisición y distribución de tratamientos y vacunas contra la covid-19 sean transparentes y justos. Además, tienen el deber de permitir a las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa que monitoren y exijan la rendición de cuentas a políticos y empresarios. En demasiadas ocasiones, los gobiernos intentan aprovechar este tipo de crisis para conseguir ventajas políticas a expensas de la ciudadanía.

Con 36 puntos, El Salvador lleva ocho años estancado en el índice. Sin embargo, el país sufrió un importante revés con la derogación a causa de la pandemia de una importante ley de acceso a la información.

Esta ley era la única vía que permitía a la sociedad civil monitorear el uso adecuado de los fondos del gobierno para adquisiciones relacionadas con la covid-19. Desgraciadamente, el estado de emergencia dio pie a procesos de contratación menos transparentes y con más riesgo, lo que condujo a irregularidades alarmantes.

Uno de los casos de corrupción más graves fue un contrato entre el gobierno de El Salvador y una empresa española de repuestos para automóviles por valor de doce millones de dólares para la adquisición de suministros sanitarios a precios abusivos. Al igual que sus países vecinosr, El Salvador carece de criterios claros para la selección de beneficiarios de los bonos de emergencia del gobierno.

Muchos de los países del Caribe dependientes de la exportación de productos básicos y del turismo sufrieron un fuerte impacto por las repercusiones económicas de la covid-19. Además, estos países cuentan con presupuestos muy escasos para emergencias sanitarias, ya sus gobiernos cuentan de por sí con recursos limitados.

Las calificaciones de Jamaica (44), Trinidad y Tobago (40), y República Dominicana (28) muestran escasos avances en el Índice de Percepción de la Corrupción. En 2020, los dos primeros reeligieron a los partidos que estaban en el poder, generando pocas esperanzas de cambios. Por el contrario, la elección del nuevo gobierno dominicano ha sembrado esperanza en la lucha contra la corrupción.

Con una puntuación de 25, Guatemala es uno de los países que más ha decaído en la región: 8 puntos desde 2012. El Parlamento amenazó al derecho a la información pública con reformas que suponen un grave retroceso en la supervisión pública y generan riesgos de politización. La ciudadanía ha reaccionado con manifestaciones contra los recortes presupuestarios en educación y sanidad, y contra la forma secreta en la que se negociaron y aprobaron estos recortes.

En Venezuela (15), la corrupción generalizada de los últimos veinte años es uno de los principales motivos de la crisis humanitaria actual. El país ha perdido 5 puntos en el índice desde 2013. La pandemia de covid-19 no sólo ha profundizado la escasez de medicinas, suministros sanitarios y material esencial, sino que ha deteriorado la infraestructura hospitalaria. En las dos últimas décadas el país perdió más de 5 000 millones de dólares por corrupción solamente en el sector sanitario. Este mal amenaza la vida y la salud de millones de venezolanos.

Con 39 puntos, Ecuador ha mejorado considerablemente su posición en el índice, con un aumento de 7 puntos desde 2012. Entre las decisiones judiciales clave se encuentra la condena del expresidente del país Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otras dieciocho personas por aceptar casi quince millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos, dinero que fue utilizado para financiar campañas electorales entre 2012 y 2016.

A pesar de hitos como este, la corrupción ocupó el centro del escenario durante la crisis de la covid-19. Actualmente hay 141 investigaciones abiertas de casos de corrupción en la contratación, malversación de fondos y precios abusivos de suministros sanitarios como las mascarillas y las bolsas para cadáveres. De cara al futuro, la puesta en vigor de la ley anticorrupción recientemente aprobada por la Asamblea Nacional significaría una mejora de los procedimientos de contratación pública y limitaría los abusos.

Con una puntuación de 38, Perú ha subido dos puntos pero continúa relativamente estancado en el índice desde 2012. Las investigaciones de casos de corrupción y la reciente ratificación de leyes cruciales contra la corrupción son algunos de los avances conseguidos.

Concretamente, dos leyes dan motivos para la esperanza. La primera impide a las personas condenadas por corrupción postularse para cargos públicos u ocupar puestos de confianza. La segunda mejora la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad de la financiación de los partidos políticos.

Las elecciones presidenciales programadas para abril de 2021 presentan una oportunidad para el país de acabar con la impunidad y exigirle a los poderosos qué rindan cuentas , donde el descontento social por la corrupción, la covid-19 y la crisis económica continúa siendo elevado. Para conservar la confianza de la población, las investigaciones por corrupción a políticos de alto nivel y empresarios prominentes deberían no sólo llegar a los tribunales, sino también dictar sentencias apropiadas.

Con 24 puntos en el índice, Honduras obtiene este año su puntuación histórica más baja: dos puntos menos que el año pasado. En el último año, la pandemia de covid-19 y los huracanes han asolado el país, donde la pobreza y la desigualdad continúan siendo muy altas.

La debilidad de las instituciones ha contribuido con la falta de preparación para afrontar los desastres. A ello se suma una economía poco diversificada y e dependiente de forma excesiva de la agricultura y los recursos naturales..

El estado de los esfuerzos de lucha contra la corrupción tampoco es esperanzador. En la última década, el país ha sufrido pérdidas millonarias por esta causa y experimentado reveses importantes en la lucha contra la impunidad tras la desaparición de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos. Además el Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal que fomenta la corrupción y dificulta su investigación.

Las fuentes también revelan una alarmante falta de planificación en la compra de suministros relacionados con la covid-19, junto con precios excesivos para la adquisición de material sanitario y acuerdos opacos en la contratación para los hospitales de campaña.

Con 67 puntos, Estados Unidos ha caído a su punto más bajo en el índice desde 2012. Entre las tendencias más preocupantes están los intentos de modificar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que es la ley de referencia internacional para la prevención de sobornos; los ataques a denunciantes de irregularidades; la escasa supervisión de los fondos de ayuda por la pandemia; y los los intentos de promover ideas de fraude generalizado en las elecciones presidenciales, con el fin de socavar una elección l libre y justa.

En concreto, los desvíos más graves respecto a la ética democrática incluyen el cese de inspectores generales por denunciar la corrupción y el fraude en operaciones del gobierno y la intervención personal del presidente para presionar a los funcionarios electorales e incitar a la violencia con el fin de modificar en su favor los recuentos certificados de votos.

En tono más positivo, el Congreso aprobó a fin de año una ley histórica contra el blanqueo de fondos y las primeras señales de la nueva administración son alentadoras, pero las duras divisiones políticas que caracterizan a Estados Unidos en la época actual lo sitúan en la categoría de países a tener en observación.