IPC 2019: AMÉRICAS

Por cuatro año consecutivo, con una puntación media de 43 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), la región de las Américas no logra progresar significativamente en la lucha contra la corrupción.

Si bien Canadá es el país con la mayor puntuación, con 77 puntos sobre 100, bajó 4 puntos desde el año pasado y 7 puntos desde 2012. En la posición más baja se encuentra Venezuela, con 16 puntos; es, además, uno de los 5 países con menor puntuación a escala global..

La región afronta retos importantes, entre los que se destaca la presencia de líderes políticos que actúan en su propio beneficio y en detrimento de la ciudadanía a la que deben servir. Específicamente, la financiación de partidos políticos y la integridad electoral son grandes desafíos.

Por ejemplo, la investigación Lava Jato, en la que se reveló una trama de corrupción que se expandió por al menos 10 países de América Latina, evidenció la existencia de contribuciones o donaciones políticas ilegales, como parte de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia.

La empresa Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, estuvo en el centro del caso, y fue condenada por pagar mil millones de dólares en sobornos durante los últimos 15 años, incluyendo a líderes políticos de Brasil, Perú y Argentina en procesos electorales.

Con puntuaciones de 22 y 29, respectivamente, Nicaragua y México redujeron significativamente su puntuación desde 2012. Si bien el más reciente Barómetro Global de la Corrupción – América Latina y el Caribe destaca la compra de votos y otros problemas de corrupción en México, una reciente reforma anticorrupción, junto a una nueva Fiscalía General, legalmente autónoma, son cambios positivos.

En Nicaragua, está aumentando el descontento social y las violaciones de los derechos humanos. Los servicios públicos y los procesos consultivos en la toma de decisiones son deficientes en este país

La corrupción también ha sido protagonista de la reciente crisis política y social en Chile, que este año obtuvo 67 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción. Este país, que empeoró significativamente su puntuación desde 2014, alcanzó hace poco un punto de inflexión en el movimiento anticorrupción. Después de años de desigualdad económica y social, la ciudadanía está demandando más transparencia y menos impunidad en el sistema judicial del país.

Con una puntuación de 26 en el IPC, Guatemala bajó significativamente su calificación con una reducción de 7 puntos desde 2012. Es muy probable que la no renovación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha tenido su impacto en los esfuerzos anticorrupción. Un Ministerio Público débil y una Policía Nacional Civil desmantelada también contribuyen a reforzar este problema. Las leyes que favorecen la impunidad y casos relevantes como “La Línea” imponen serios desafíos, considerando que los jueces están frecuentemente bajo amenaza.

Con una puntuación de 40, Guyana mejoró significativamente su calificación desde 2012. Aunque todavía queda mucho por hacer, el gobierno está demostrando voluntad política para garantizar que los antiguos funcionarios rinden cuentas por el uso indebido de los recursos públicos.

Ecuador, que aumentó 7 puntos desde 2016, obtuvo una puntuación de 38 en el IPC de este año. Estas mejoras podrían estar relacionadas con el reciente referéndum y consulta nacional, que estableció límites para el periodo presidencial e impide que quienes hayan estado condenados por corrupción ocupen cargos públicos.

Con una puntuación de 69, Estados Unidos bajó 2 puntos en relación con el año pasado, y obtuvo su calificación más baja del IPC en 8 años. Esto ocurre en un momento en el que la confianza de los estadounidenses hacia el gobierno se encuentra en un mínimo histórico (17%), de acuerdo con el Pew Research Center.

Los Estados Unidos afrontan una gran cantidad de retos, desde amenazas a sus sistemas de control y la creciente influencia de los intereses particulares del gobierno, hasta el uso de compañías anónimas y ficticias por parte de criminales, corruptos e, incluso, terroristas, para ocultar sus actividades ilícitas.

Si bien el presidente Donald Trump prometió “drenar el pantano” y garantizar que el gobierno no solo sirviera a los intereses de unos pocos privilegiados de Washington y élites políticas, lo cierto es que una serie de escándalos, renuncias y acusaciones de comportamientos poco éticos sugieren que la cultura del pago a cambio de beneficios se ha arraigado aún más.

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó un juicio político contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Con una puntuación de 77 en el IPC, Canadá bajó 4 puntos desde el año pasado y 7 puntos desde 2012. En los últimos años, el problema del lavado de dinero en Canadá, o “snow-washing” (“lavado de nieve”), ha ganado atención pública. E-Pirate, un caso de 2019 en el que estaba involucrada una compañía ficticia que lavó millones de dólares de China, es un buen ejemplo de los desafíos que surgen cuando el verdadero dueño de una empresa se mantiene oculto.

Además de la corrupción en el interior del país, Canadá también ha contribuido con la corrupción en el extranjero. En nuestro más reciente informe Exporting Corruption, señalamos que Canadá cumple de forma “moderada” a “limitada” con el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El bajo cumplimiento de las leyes anticorrupción se hace evidente en el más reciente caso contra SNC-Lavalin, la empresa constructora canadiense, que presuntamente pagó 48 millones de dólares en sobornos a funcionarios Libios.

La corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social en Brasil. Con una puntuación de 35, la más baja de este país en el IPC desde 2012, Brasil sigue estancado.

Después de las elecciones nacionales de 2018, en la que fue protagonista la agenda anticorrupción, Brasil experimentó una serie de retrocesos en su marco legal e institucional contra la corrupción. El país también afronta dificultades para adelantar reformas amplias de su sistema político.

Los retrocesos incluyen una orden de la Corte Suprema que, virtualmente, paralizó el sistema contra el lavado de dinero en Brasil y una investigación ilegal que, de manera secreta, se dirigió hacia los agentes que velan por el cumplimiento de la ley.

Entre los retos actuales se encuentra la creciente interferencia política del presidente Jair Bolsonaro en las instituciones anticorrupción, y la aprobación en el Congreso de legislación que amenaza la independencia de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y garantizar la rendición de cuentas de los partidos políticos.

Image: shutterstock / Lucy Brown

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