Americas: el debilitamiento de la democracia y el auge del populismo

Con una puntuación media de 44 sobre 100 durante tres años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas continúa sin lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción. Si se compara con otras regiones, las Américas presentan características similares a las de Asia Pacífico, que también tiene una puntuación media de 44, pero se ubica por detrás de la Unión Europea cuya puntuación media es de 65.

Canadá es, una vez más, el país con mejor puntuación en el IPC. Este año ha obtenido 81 puntos sobre 100.

En segundo lugar, se sitúa Estados Unidos, país que ha sufrido una significativa caída de 4 puntos con respecto al año anterior llegando a los 71 puntos, su puntuación más baja de los últimos siete años. Uruguay sigue de cerca a EE. UU. con 70 puntos, y a continuación figura Barbados con 68.

Al final del índice, Venezuela mantiene los 18 puntos del año pasado, un valor que refleja la corrupción sistémica y persistente que existe en el país. A Venezuela le siguen Haití (20 puntos) y Nicaragua (25 puntos). Estos tres países obtienen los peores resultados de la región.

El alto número de países de las Américas con puntuaciones bajas en el IPC no debería sorprender dados los problemas a los que se enfrentan sus sistemas democráticos y la pérdida de derechos políticos en América del Norte, del Sur y Central en manos de líderes populistas y autoritarios.

Desde el Presidente Trump (EE. UU.) pasando por el Presidente Bolsonaro (Brasil), el Presidente Jimmy Morales (Guatemala) hasta el Presidente Maduro (Venezuela), las Américas estás viviendo el auge de estilos de liderazgo tendientes a:

• bloquear a los medios de comunicación libres e independientes, sobre todo cuando cuestionan los mensajes de los líderes
• controlar y silenciar a la sociedad civil y las organizaciones internacionales;
• intensificar el recurso a la supresión del voto y la inhabilitación de votantes;
• la utilización de un lenguaje más xenófobo, racista y contrario al colectivo LGTB
• realizar promesas públicas basadas en enfoques simplistas y de “mano dura” para resolver problemas sociales complejos
• debilitar el sistema de controles y contrapesos y aumentar el poder del ejecutivo;
• el aumento de los conflictos de interés y de la influencia privada

Por desgracia, esta nueva realidad, parte también de una tendencia mundial, está transformando “la forma de hacer política” en la región, en donde líderes de estilo autoritario están socavando prácticas democráticas arraigadas.

Por suerte, el panorama no es tan sombrío en toda la región. Algunos países han realizado avances dignos de mención en la lucha contra la corrupción.

A pesar de encontrarse en niveles todavía bajos, Ecuador y El Salvador, con 34 y 35 puntos respectivamente, han mejorado 2 puntos cada uno con respecto a 2017. Argentina, con 40 puntos, mejora un año más, habiendo incrementado su puntuación 8 puntos desde 2015, lo que demuestra una mejora significativa.

En estos tres países, el sector judicial está promoviendo la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción cometidos por personas de alto nivel, incluidos ex presidentes. Sin embargo, éstos también comparten un mismo desafío: la necesidad de continuar fortaleciendo la independencia de sus respectivos sistemas judiciales para garantizar procesos judiciales imparciales, y que quienes sean declarados culpables de corrupción reciban un castigo adecuado.

A pesar de que los tres países tienen mayores niveles relativos de libertad de prensa y acceso a la información, todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. Estas libertades son esenciales para reducir la corrupción, así como para crear sociedades más conscientes e involucradas, que incluyan a las minorías y los grupos vulnerables, y que sean capaces de exigir la rendición de cuentas a quienes ostentan el poder.

En El Salvador, nuestro capítulo local, La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), trabaja para que los ciudadanos puedan ejercer derecho de acceso a la información plenamente. Gracias a este trabajo, ahora la ciudadanía puede acceder a cuentas de correo electrónico institucionales, obtener información sobre procesos de contratación de asesores legislativos o sobre gastos públicos en obras de arte e información relacionada con víctimas de conflictos armados.

Nuestro capítulo en Argentina, Poder Ciudadano, ha defendido con éxito la necesidad de garantizar que se hagan públicas las declaraciones de patrimonio de los familiares de los funcionarios públicos, incluidos sus hijos y cónyuges. Gracias a su labor, un artículo retrógrado de la ley que regula las declaraciones de patrimonio fue recientemente declarado inconstitucional.

Desde 2012, Chile, México y Nicaragua han registrado un notable descenso de sus puntuaciones, lo que indica que no están logrando avances significativos en su lucha contra la corrupción.

Con una puntuación de 25, Nicaragua ha perdido cuatro puntos en el IPC en los últimos siete años. Esta importante caída refleja el panorama político y los acontecimientos recientes vividos en el país. Tras más de una década en el poder, el Presidente Daniel Ortega controla la mayoría de las instituciones democráticas de Nicaragua, limitando su eficacia y su independencia. En los últimos años el Presidente también ha recortado los derechos políticos de sus ciudadanos, que, a pesar de enfrentarse a una violenta represión, han tomado las calles multitudinariamente para protestar contra su gobierno autoritario. Recientemente varios periodistas y activistas se han visto obligados a abandonar el país por las amenazas que recibían.

Con unas puntuaciones de 67 y 28 puntos, Chile y México han perdido cinco y seis puntos respectivamente con relación a 2012. En los últimos años ambos países han sufrido graves escándalos de corrupción que han afectado a líderes políticos, incluyendo varios gobernadores en el caso de México, y a sectores ampliamente respetados y tradicionalmente considerados libres de corrupción, como la policía en Chile (Carabineros).

Chile Transparente, nuestro capítulo local, participó en una comisión especial de investigación sobre el escándalo en Carabineros. Dicha comisión propuso una serie de mejoras, que incluyen la incorporación de temas relacionados con la ética y la integridad en la formación policial, así como la creación de una comisión de integridad capaz de actuar de forma independiente y de llevar a cabo investigaciones.

En los últimos años, México experimentó un creciente apoyo social a las reformas anticorrupción. En 2015, estos esfuerzos se materializaron en una reforma constitucional y en la creación de un sistema nacional anticorrupción. El año pasado, una amplia coalición, de la que Transparencia Mexicana formó parte, demandó la implementación efectiva de estas reformas y la creación de una procuraduría general independiente.

Casi todos los países del Caribe de habla inglesa obtuvieron exactamente la misma puntuación que el año anterior, mostrando por lo tanto un estancamiento absoluto. A pesar de que las actuales administraciones de Jamaica, Bahamas y Barbados llegaron el poder prometiendo firmes plataformas de lucha contra la corrupción, por el momento las mejoras tangibles son muy limitadas.

En Jamaica, el escándalo de Petrojam, que afectó a la única compañía petrolera de titularidad estatal, demuestra que el nepotismo, la mala gestión de fondos públicos y otras formas de corrupción se encuentran profundamente arraigados en el Caribe. La contratación pública y la adjudicación de contratos son particularmente problemáticos. En el caso Petrojam, la empresa no pudo justificar el origen de unos ingresos por un valor aproximado de 40 millones de dólares estadounidenses entre 2013 y 2018. En respuesta a ello, nuestro capítulo local en Jamaica, National Integrity Action (NIA), ha instado al gobierno a corregir estas irregularidades y a emprender acciones judiciales contra los funcionarios públicos responsables a la brevedad.

Las dos principales economías de la región, EE. UU. y Brasil, son países clave que es necesario observar, debido a su influencia en la región y en todo el mundo.

Con una puntuación de 71, Estados Unidos pierde cuatro puntos con respecto al año pasado y alcanza su nivel mínimo del IPC en siete años. El país está viendo amenazado su sistema de control y contrapesos, además de sufrir una erosión de las normas éticas en sus máximos niveles de poder.

La baja puntuación se produce en una época de intensificación del sentimiento nacionalista y populista, de aumento de la incidencia de los delitos por odio y de fuerte polarización política. Además, el país acaba de sufrir el cierre gubernamental más prolongado de su historia. La combinación de todos estos factores está agravando la pérdida de confianza de la población del país en las instituciones fundacionales de Estados Unidos.

Con 35 puntos, Brasil pierde dos puntos en comparación con el año anterior y se sitúa en lo que también supone su puntuación más baja en siete años. De manera similar a EE. UU., Brasil también ha sido testigo recientemente de un auge del populismo.

Los esfuerzos previos en la lucha contra la corrupción ayudaron procesar judicialmente a personas corruptas, pertenecientes a diferentes partidos políticos y al sector privado. Desde 2014, la operación Lava Jato, que ha involucrado una red de más de 20 corporaciones, incluido el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, se ha convertido en uno de los mayores casos de blanqueo de capitales a escala mundial. A la fecha ésta alcanza una dimensión superior a 788 millones de dólares estadounidenses en América Latina y otros países fuera de la región, como Angola y Mozambique.

A pesar de que esta operación puso de manifiesto un nivel extremo de corrupción y abuso en numerosas instituciones brasileñas, también reveló un creciente cinismo y una profunda desesperación entre los ciudadanos. El escándalo salpicó a varios líderes de gran poder, generando un contexto político propicio para candidatos de la oposición.

Aprovechando la coyuntura, el Presidente Bolsonaro asumió el poder con promesas de acabar con la corrupción. Dejó claro que gobernaría con mano firme, propiciando un discurso altamente populista que amenaza muchos de los hitos históricos que ha logrado su país.

Nuestro capítulo local, Transparency International Brasil (TI-Brasil), ha elaborado un megapaquete de 70 medidas para un nuevo programa de lucha contra la corrupción que respete el Estado de Derecho y los derechos humanos.

El paquete, para cuya elaboración contó con la participación de diversos socios tanto del sector público como del privado, incluye propuestas de reformas institucionales, proyectos de ley, enmiendas constitucionales, proyectos de resolución y otras normas dirigidas a controlar la corrupción y combatir sus raíces sistémicas. TI-Brasil tratará de persuadir a la administración Bolsonaro de que adopte dichas recomendaciones cuando diseñe su estrategia anticorrupción.