La justicia española debe investigar el lavado de imagen de azerbaiyán en europa
Hace poco más de un año, una investigación impulsada por Organized Corruption and Crime Reporting Project (OCCRP) reveló que miembros de la clase dirigente de Azerbaiyán gestionaban una trama de fondos ilícitos y lavado de dinero internacional por 2.500 millones de euros que se conoció como el “Laundromat” (lavandería en inglés) de Azerbaiyán.
Tres políticos españoles —Pedro Agramunt, Agustín Conde Bajén y Jordi Xuclá— se encuentran entre los delegados ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre los que pesan sospechas de haberse beneficiado con la maniobra del “Laundromat”. A cambio, estos políticos habrían moderado las críticas emitidas por el órgano de derechos humanos respecto de acontecimientos ocurridos en Azerbaiyán bajo el régimen autoritario y represivo en el país, incluida la manipulación de votos en las elecciones de 2015.
After the Laundromat revelations broke, an independent investigation confirmed suspicions that Azerbaijan played a role in the appointment of Pedro Agramunt as political party leader and later president of PACE.
Asimismo, hallaron pruebas de que, en varias instancias, Agramunt desempeñó un papel clave en la manipulación de varios votos a favor de Azerbaiyán en la APCE. Intervino en versiones preliminares de diversos informes para suavizar las críticas a las autoridades azerbaiyanas; y como relator editó un borrador de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán, siguiendo instrucciones impartidas por ese país. También fue clave para reunir apoyo a favor de Azerbaiyán.
Según los hallazgos de los investigadores, Conde, que había reemplazado a Agramunt como correlator sobre Azerbaiyán tras ser elegido presidente de la APCE, actuó de manera sospechosa, presuntamente para favorecer intereses de sectores dirigentes de Azerbaiyán. Las evidencias indican que, junto con su correlator, firmó y asumió como propia una declaración relativa a los acontecimientos de las reñidas elecciones de 2015, que habría sido preparada para ellos por un tercero. Se cree que se trataría de un lobista de Azerbaiyán.
Xuclá encabezó con llamativo entusiasmo la misión de observación electoral de 2015, pese a temores de que el gobierno azerbaiyano estaba poniendo todo tipo de obstáculos para impedir que observadores independientes llevaran a cabo una observación electoral “efectiva y creíble”. Los investigadores determinaron que escribió el borrador de la declaración preliminar de la misión de observación en circunstancias sospechosas, lo que refuerza las dudas sobre la posibilidad de influencia externa.
Tanto Conde como Xuclá se rehusaron a reunirse con voces críticas claves de Azerbaiyán.
Durante la investigación, Agramunt y Conde se mostraron evasivos, evitando presentarse ante los investigadores, a pesar de numerosos pedidos en este sentido.
En 2018, el Consejo de Europa sancionó a Agramunt con inhabilitación por diez años para ocupar cualquier cargo jerárquico en el órgano de derechos humanos. A Conde se le prohibió de por vida el acceso a la sede del Consejo. Xuclá, por su parte, fue sancionado con dos años de inhabilitación por violación grave de las normas éticas del Consejo.
Pero esta es solo una amonestación menor.
Este año, en la resolución posterior acerca de la investigación sobre corrupción, el Consejo de Europa admitió que no se había hecho suficiente. Instó a las autoridades nacionales a dar seguimiento a las pruebas e iniciar investigaciones penales de todos los implicados.
Ninguno de estos tres políticos españoles ha enfrentado consecuencias penales en España. Hasta la fecha, no hay señales de que las autoridades españolas hayan iniciado una investigación para saber si las transgresiones éticas documentadas se hicieron a cambio de sobornos. El Partido Popular de España concluyó previamente este año que la investigación del Consejo de Europa “no tenía consecuencias legales”.
Agramunt, por su parte, sigue siendo senador en España. Según el periódico El País, cuenta con el apoyo de una amplia mayoría del Partido Popular.
Hasta junio de 2018, Conde ejerció como Secretario de Estado de Defensa de España, y se reunía habitualmente con sus homólogos en Estados Unidos y en Europa.
Hasta la fecha, Xuclá continúa siendo legislador por Girona en el Congreso de los Diputados, la cámara baja de la legislatura española.
Las autoridades españolas deben iniciar investigaciones penales de las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido Agramunt, Conde y Xuclá.
Transparency International pide a quienes la apoyan que sumen su voz al reclamo de justicia.
Haga clic a continuación para enviar una carta a los fiscales españoles, instándolos a poner fin a la falta de escrutinio de la que gozan actualmente estos políticos españoles por graves violaciones éticas.
Mientras España lucha por recuperarse de uno de sus mayores escándalos de corrupción política, es importante que las autoridades de aplicación de la ley y los fiscales que actúan contra la corrupción se mantengan atentos en todos los casos. Tras el escándalo del caso Gürtel, estar abocados al problema de la corrupción interna no debe impedir que los señalamientos de soborno y lavado de imagen de un gobierno extranjero activen las señales de alerta.
Photo: Shutterstock / Mehman Huseynov (2012)
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