La respuesta anticorrupción a la COVID-19 debe ser transparente y debe incluir a las mujeres

A medida que la pandemia del coronavirus o COVID-19 sigue propagándose por todo el mundo, los gobiernos de América Latina y el Caribe están recibiendo importantes apoyos financieros de organizaciones multilaterales, empresas y donantes privados para ayudar a coordinar una respuesta rápida.

La rapidez es importante para que los gobiernos puedan proporcionar un apoyo financiero eficiente a las comunidades más afectadas por la crisis. Sin embargo, al hacerlo, deben asegurarse de que esos fondos se distribuyan equitativamente, considerando un enfoque de género, equidad, inclusión, transparencia y lucha contra la corrupción.

De no ser así, la pandemia por COVID-19 y las consiguientes repercusiones económicas podrían exacerbar las brechas y desigualdades de género preexistentes y socavar los progresos realizados en materia de igualdad en las últimas décadas, así como la respuesta a la crisis sanitaria y económica causada por la COVID-19.

De hecho, un número creciente de informes muestra que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la COVID-19, tanto desde el punto de vista sanitario como socioeconómico.

En América Latina y el Caribe, las mujeres suelen ser las personas a cargo del cuidado de los/as niños/as, las personas mayores y las personas con enfermedad y/o discapacidad. Durante la crisis por COVID-19, las mujeres tienen que equilibrar el trabajo a distancia, la familia y la atención sanitaria adicional, debido a las cuarentenas y el cierre de las escuelas, asumiendo una carga adicional de trabajo.

Por ejemplo, en México, las mujeres ya dedican un promedio de 39 horas semanales al trabajo no remunerado, incluidos el cuidado de los/las niños/as y las tareas domésticas, tres veces más que el tiempo que dedican los hombres. Pasando las familias más tiempo en el hogar, aumenta el riesgo de que las mujeres tengan una carga de trabajo más pesada.

Las mujeres también representan un mayor porcentaje de población que trabaja en la informalidad En América Latina y el Caribe, el 54 por ciento de las mujeres trabajan en la economía informal.

Muchos de estos trabajos informales, poco cualificados y con baja remuneración, son esenciales durante la COVID-19. Las personas a cargo de servicios de enfermería, limpieza y atención en supermercados, hospitales y hoteles, que son predominantemente mujeres, corren un mayor riesgo para su salud por el simple hecho de presentarse a trabajar.

Al mismo tiempo, las mujeres también corren un mayor riesgo de perder sus empleos, especialmente si no hay sistemas de guarderías y de protección social disponibles. Más allá del empleo, las mujeres corren el riesgo de perder su independencia financiera, lo que podría afectar su autonomía más allá de lo inmediato.

Las medidas de emergencia y la situación de crisis son siempre un riesgo en términos de corrupción. Es probable que la corrupción empeore las desigualdades de género alimentadas por la pandemia por COVID-19. También es probable que la disparidad de ingresos aumente la corrupción a medida que las elites poderosas sigan captando la toma de decisiones políticas y la utilicen para proteger sus intereses privados a expensas de los ciudadanos, las ciudadanas y los bienes públicos.

Es probable que personas y empresas poderosas pueden beneficiarse de los paquetes de rescate de emergencia de COVID-19, lo que podría reflejar sus intereses y demonstrar que los fondos sin debido control político posibilitan la corrupción.

Con menos poder e influencia en los espacios de decisión, es probable que las mujeres en general y/o de grupos históricamente marginados de América Latina y el Caribe, como las mujeres migrantes, las afrodescendientes, las indígenas, las mujeres rurales o las mujeres con discapacidad, se queden atrás en estos paquetes.

Consideradas las históricas desigualdades de género, los fondos de emergencia y los paquetes de ayuda de COVID-19 también deben dirigirse a las mujeres. Toda redistribución de recursos públicos debe incluir consideraciones de género en un esfuerzo por salvar vidas y evitar que se profundicen las desigualdades.

Todas políticas públicas, planificaciones, presupuestaciones y programas gubernamentales tienen que contar con enfoque de género. La presupuestación con perspectiva de género es una estrategia importante para asegurar que el gasto público sea efectivo, eficiente y llegue a quienes más lo necesitan.

Las mujeres y las niñas tienen necesidades de salud particulares, pero es menos probable que tengan acceso a servicios de salud de calidad especialmente en contexto de emergencia sanitaria, sobre todo para el acceso a medicamentos, vacunas esenciales, y la atención de la salud sexual y reproductiva. Además, es menos probable que las mujeres tengan cobertura de seguro para los gastos de salud, especialmente en las comunidades rurales y marginadas. Por lo tanto, los programas que apoyan a las víctimas de violencias o que prestan servicios de salud sexual y reproductiva deben contar con la financiación adecuada.

La corrupción suele contribuir al desigual acceso de las mujeres a la salud. Incluso en tiempos normales, la corrupción en el sector de la salud causa pérdidas de más de 500.000 millones de dólares cada año.

Los recursos que se pierden a causa de la corrupción podrían tener efectos duraderos en las mujeres y las niñas, en particular durante la COVID-19, al impedirles recibir los servicios de salud que tanto necesitan.

Como consecuencia de ello, las personas en situación de vulnerabilidad corren un riesgo especial durante la COVID-19, entre ellas las mujeres, las niñas y niños, las personas mayores, las personas con discapacidades, las mujeres migrantes y refugiadas, las mujeres indígenas, rurales y afro-descendientes, las trabajadoras informales, las mujeres supervivientes de violencias, las mujeres trans, lesbianas, personas no-binarias y otras de la comunidad de la diversidad sexual.

Los gobiernos deben hacer más para promover la transparencia durante la pandemia por COVID-19, entre otras cosas, desglosando los datos sanitarios y financieros por género y teniendo en cuenta esos datos en la adopción de decisiones.

Además, el acceso público a información fiable y en tiempo real es fundamental para prevenir y mitigar las crisis de salud pública. Es importante asegurar que las mujeres tengan igual acceso a esa información.

También es importante dar a las mujeres un lugar en las mesas de toma de decisión, especialmente en la definición de políticas presupuestarias y de distribución de la ayuda. Varias mujeres políticas de todo el mundo han demostrado buenos liderazgos durante la pandemia de COVID-19, tomando decisiones prudentes, informadas y comunicándose claramente con la ciudadanía.

Si bien hay pocas investigaciones que contemplen los nexos entre género, corrupción y asistencia humanitaria, las mujeres representan una mayor proporción de las personas que necesitan asistencia en todo el mundo. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por el uso ineficiente de los recursos públicos y la falta de servicios que garanticen sus derechos económicos y sociales y su acceso a alimentos, refugios y otros servicios. La ineficiencia de los sistemas de salud pública y los servicios sociales también impacta en la corrupción.

Las mujeres se ven afectadas por formas de corrupción específicas, como la explotación sexual, la extorsión y el abuso.

En América Latina y el Caribe, investigaciones recientes muestran que una de cada cinco personas es víctima de extorsión sexual cuando accede a un servicio gubernamental para el acceso a la salud o la educación, o conoce a alguien que lo ha sido. Los datos también muestran que el 71 por ciento piensa que la extorsión sexual ocurre al menos ocasionalmente.

Los gobiernos y las instituciones que prestan servicios de salud desempeñan un papel fundamental en la prevención de la extorsión sexual. A la luz de la pandemia de COVID-19, las mujeres deben poder acceder rápidamente a la salud y a otros servicios básicos, de manera que también estén protegidas de este tipo de corrupción. El Estado es responsable de proteger a las mujeres y niñas de estos abusos en todos los contextos. Especialmente en una emergencia, los estados tienen la responsabilidad de no exacerbar las violencias de género preexistentes.

Los gobiernos también deben garantizar espacios libres de violencias para las trabajadoras de la salud. Para las mujeres que sufren de extorsión sexual durante la pandemia de coronavirus o en otros momentos, existen Centros de Defensa y Asesoramiento Jurídico (ALAC) para acompañarlas.

Transparencia Internacional y ONU Mujeres instan a los gobiernos de América Latina y el Caribe a incorporar una perspectiva de género en su respuesta a la pandemia por COVID-19. Específicamente, recomendamos que los gobiernos de toda la región:

• Garanticen la transparencia en el gasto público y el uso adecuado de los recursos para hacer frente a los impactos diferenciados en las mujeres y las niñas en el contexto de la COVID-19.
• Aseguren que las mujeres tengan igual acceso a tratamientos sanitarios, medicamentos y servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente durante la pandemia.
• Se comprometan a compartir información en tiempo real y a publicar datos desglosados por sexo para comprender mejor cómo la crisis por COVID-19 afecta a las mujeres y niñas.
• Mantengan los compromisos financieros previos para los servicios sociales y aseguren que se destinen a las mujeres y niñas, y a otras personas en situación de vulnerabilidad.
• Utilicen herramientas virtuales para fortalecer el acceso a datos abiertos y procedimientos públicos gratuitos en línea, especialmente durante el periodo de crisis y postcrisis.
• Incluyan a las mujeres en la toma de decisiones en materia de lucha contra la corrupción y garanticen que tengan una participación y una representación igualitaria en la negociación de los paquetes de ayuda de emergencia.
• Dediquen recursos adicionales para hacer frente al mayor riesgo de violencias para las mujeres y niñas durante la pandemia y para su empoderamiento económico como parte de los planes de recuperación socioeconómica.
• Creen mecanismos de denuncia seguros para mujeres y niñas supervivientes de extorsión sexual.

La respuesta a la pandemia de COVID-19 debe hacer frente a estos desafíos y reforzar el compromiso con la transparencia, los derechos humanos, la democracia paritaria, la inclusión y la igualdad.