Peru’s bicentennial elections are an opportunity to demand greater transparency, accountability and integrity

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Despite its score remaining largely stagnant since 2012, Peru improved its year-on-year score on the Corruption Perceptions Index, from 36 out of 100 in 2019, to 38 out of 100 in 2020. What explains this small but significant change?

Peru faces issues of structural corruption, impunity and political instability. In less than five years, the country has rejected four presidents, three of whom are under investigation.

National surveys on corruption by Proética, Transparency International’s National Chapter in Peru, have repeatedly identified corruption as one of the leading public issues in the country, and of high concern for Peruvians.

This year marks 200-years since Peru became an independent nation, and new presidential elections in April provide an opportunity for Peruvians to demand greater transparency, accountability and integrity from their political leaders.

The continent-wide corruption scheme operated by Brazilian construction company Odebrecht, sent shockwaves through every country in Latin America when it was exposed in 2016. In country after country, the revelations implicated politicians, businesspeople and high-ranking public officials.

Yet, except for Brazil itself, very few countries made progress investigating those involved. Peru was one of those exceptions, and it investigated politicians from across the entire ideological landscape. Involving most governments who were in power in this century made it clear to the public that the investigations are free from political interference.

The Odebrecht scandal prompted broad societal discussions on anti-corruption reforms, in particular those related to Peru’s political system: Odebrecht's scheme involved financing the electoral campaigns of the strongest candidates to ensure favourable outcomes for government contracts.

Another scandal uncovered in 2018 exposed a network within the highest spheres of the Peruvian justice system who were using their positions to benefit each other. It has made important reforms in this area possible.

The government of former President Vizcarra, currently under investigation for corruption, commissioned independent experts to prepare both reform packages, political and judicial. Despite resistance from opposition parties in Congress, who attempted to twist the nature of the proposals, most of the justice reforms were approved. Unfortunately most of the political reforms were reduced in scope to just a handful of proposals.

Three of these aroused expectations among public opinion: the prohibition of people with convictions for corruption from running for elected office; improving the mechanisms for controlling the financing of political campaigns; and the elimination of parliamentary immunity.

After almost two years of discussion, a constitutional dissolution of the congress in 2019 and the subsequent election of a new parliament, the first two reforms were adopted between August and September 2020, automatically making them part of the rules in force for the 2021 presidential elections. The last of them, a constitutional amendment, requires a final vote in Congress before being approved.

These are important advances, yet many problems remain. The investigations into Odebrecht’s “Lava Jato” case have faced many difficulties, especially during the COVID-19 emergency. In the four years since the scandal was uncovered, there have been dozens of processes and hundreds of individuals investigated, but very few cases have reached trial and almost no sentences have been handed down.

The limitations in current approaches must be overcome so as not to lose the opportunity to hold accountable those responsible.

As we’ve seen elsewhere in the world, the government’s response to the Covid-19 pandemic seems to have increased opportunities for corruption. Between March and August 2020, anti-corruption prosecutors across the country opened almost 1,500 investigations for alleged COVID-19 related corruption. During a major health crisis corruption costs lives. It is important to not lose sight of these investigations, or the need to adopt better transparency and control mechanisms in emergency situations.

The April elections offer an opportunity to demand that ongoing reforms are strengthened and deepened, that other reforms - stuck for several years (such as that of the civil service) - are re-booted, and that investigations of cases like Odebrecht are reinvigorated, respecting constitutional powers and autonomies.

A pesar de que Perú está prácticamente estancado en el Índice de Percepción de Corrupción desde el 2012, el país presenta una mejora en su puntuación pasando de 36 puntos de 100 posibles en 2019 a 38 puntos en 2020 ¿Cómo explicar esta variación, que si bien pequeña, es significativa?

Perú presenta problemas estructurales de corrupción, impunidad e inestabilidad política. En menos de cinco años, el país ha tenido cuatro presidentes, de los cuales tres están siendo investigados.

Las encuestas nacionales sobre corrupción de Proética, capítulo nacional de Transparency International en Perú, identifican de forma continua a la corrupción como un problema protagónico del debate público en el país y como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

Este año se cumplen 200 años desde la independencia de Perú y está prevista la celebración de elecciones presidenciales en abril. Esto constituye una oportunidad única para que la ciudadanía le exija a los líderes políticos más transparencia, rendición de cuentas e integridad.

El esquema de corrupción continental orquestado por la empresa constructora brasileña Odebrecht fue un terremoto para la mayoría de los países latinoamericanos cuando salió a la luz en 2016. En casi todos los países, el caso involucró la participación de políticos, empresas y funcionarios de alto rango.

En pocos países, fuera de Brasil, se avanzó en las investigaciones contra los involucrados. Perú fue una de esas excepciones, al iniciar investigaciones a políticos que atraviesan toda la geografía ideológica del país y escrutar a todos los gobiernos en lo que va de este siglo (excepto el breve gobierno de transición que reemplazó a Fujimori entre 2000 y 2001 y el que acaba de empezar en noviembre de 2020), quedando clara la autonomía de los esfuerzos de investigación frente a injerencias políticas.

El escándalo de Odebrecht propulsó la discusión sobre reformas anticorrupción, en particular aquellas vinculadas al sistema político. El esquema de la empresa consistía justamente en el financiamiento de campañas electorales a los candidatos con mejores perspectivas para asegurar luego resultados favorables en los contratos con el Estado.

Otro escándalo destapado el 2018, vinculado a una red de intercambio de favores dentro de las más altas esferas del sistema de justicia, también viabilizó reformas importantes en este campo.

El gobierno del expresidente Vizcarra, hoy también investigado por corrupción, encargó a comisiones de expertos independientes que preparen paquetes de reformas en el campo político y judicial. A pesar de la resistencia de los partidos de la oposición, la mayoría de las reformas sobre justicia se aprobaron; no así las del sistema político, las cuales fueron reduciéndose hasta quedar un puñado de las más notorias.

Tres de éstas despertaron expectativas entre la opinión pública: la prohibición de que personas con sentencias por corrupción en primera instancia postulen a cargos de elección popular; la mejora de los mecanismos de control del financiamiento de las campañas políticas y la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Luego de casi dos años de discusión, una disolución constitucional del congreso en 2019 y la consecuente elección de un nuevo parlamento, las dos primeras reformas fueron adoptadas entre agosto y setiembre de 2020, por lo tanto, constituyen parte de las reglas vigentes del proceso electoral de este año. La última de ellas, en tanto se trata de una modificación constitucional, todavía tiene pendiente una última votación en el congreso antes de ser aprobada.

A pesar de estos avances, todavía persisten problemas importantes. Las investigaciones del caso “Lava Jato” han enfrentado muchas dificultades para avanzar en medio de la situación de emergencia sanitaria. Desde que se destapó el escándalo hace 4 años atrás, ha habido decenas de procesos y cientos de investigados, pero muy pocos casos han llegado a juicio y casi no hay sentencias. Esto demuestra que es necesario superar las limitaciones actuales para no perder la oportunidad de sancionar con contundencia a los responsables.

Por otra parte, como en otros lugares del mundo, la respuesta del Estado ante la pandemia del Covid-19 pareciera haber posibilitado muchas oportunidades de corrupción. Entre marzo y agosto de 2020 las fiscalías anticorrupción de todo el país abrieron casi 1500 investigaciones por presunta corrupción. Durante la mayor crisis sanitaria la corrupción costó vidas. Es fundamental no perder de vista cómo evolucionarán estas investigaciones ni la necesidad de adoptar mejores mecanismos de transparencia y control en la atención de emergencias.

Las elecciones de abril ofrecen una oportunidad para exigir que se fortalezcan y profundicen las reformas iniciadas, que se retome otras que llevan varios años pendientes (como la del servicio civil) y que se reimpulsen las investigaciones de casos como el de Odebrecht, respetando las competencias y autonomías constitucionales.