Las convenciones anticorrupción son tratados celebrados por escrito entre varios países y regidos por el derecho internacional, que tienen por finalidad específica que los Estados Parte implementen políticas públicas, cambios normativos y mejores prácticas destinadas a prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. En palabras más simples, son acuerdos entre los Estados para luchar contra los procedimientos corruptos.
La utilidad inmediata de estos instrumentos jurídicos internacionales está dada primero, porque permiten acordar qué entienden los Estados por corrupción, ya que no existe una definición unánime sobre lo que esto es. Las convenciones internacionales definen un conjunto de prácticas consideradas corruptas y, por lo tanto, ilegítimas y perseguibles por la justicia, como son, por ejemplo, el soborno, el tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada.

Estos acuerdos permiten además, ponerse de acuerdo sobre las principales herramientas de políticas públicas y de orden normativo para impedir las prácticas corruptas, como son los códigos de ética, las declaraciones de patrimonio, los sistemas de control o la cooperación jurídica mutua.

Finalmente, las convenciones anticorrupción contemplan muchas veces acuerdos acerca de cómo asegurarse de que los Estados Parte van a cumplir los compromisos contraídos, lo que se traduce en la creación de mecanismos de seguimiento, que examinan y evalúan los avances y deficiencias de los Estados en la implementación de las convenciones en sus países.

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